LA EXPOLIACION

Días atrás recibí un mail de Marcelo Risso, un abogado de la ciudad de Pergamino, en el que analizaba la situación conflictiva entre el gobierno nacional y el campo. La nota era extensa y pensada desde una perspectiva diferente a lo habitual.

Risso detallaba algo que, si bien es conocido gracias a la cobertura mediática del conflicto, es medular a la lucha que existe entre el matrimonio Kirchner y los productores agropecuarios para obtener la aceptación popular: “El gobierno sostiene que las retenciones móviles son necesarias para: mantener a raya los precios internos de los alimentos y para que  haya mayor equidad distributiva”.  Agrega que “se sostiene que el sector agropecuario ha sido el gran beneficiado… y que ese beneficio así obtenido debe ser utilizado por el Estado con fines redistributivos arengando para que el sector agropecuario sea más solidario con el conjunto de la población.” Risso también aclara las posiciones de las entidades agropecuarias: “… entre otros argumentos políticos, se sostiene que las retenciones no se coparticipan y por ende… se produce un flujo de dinero desde el interior hacia el Gobierno Central que es luego distribuido de manera arbitraria beneficiando a los gobernadores e intendentes afines al proyecto político gobernante y castigando a los opositores.”

Risso afirma: “En el conflicto desatado entre el gobierno y el campo, se esconden dos filosofías políticas: La primera (impulsada por Ronald Coase y Richard Posner -sobre la tesis del utilitarismo de Bentham y Stuart Mill)… sostiene que el sistema legal debe promover por todos los medios la creación de la riqueza” Esta política hace hincapié en la maximización de la riqueza y no en la distribución de la misma.

La segunda postura (sostenida por John Rawls en su obra “Teoria de la Justicia”) mantiene la idea de que “la principal virtud del sistema socio-económico es la justicia, y no la eficiencia o la maximización de la riqueza. Para ello se vale de la teoría del contrato social, sosteniendo que los eventuales fundadores de una sociedad nunca aprobarían reglas por las cuales alguien tolerara una pérdida de su beneficio en pos de un mayor beneficio disfrutado por otros.”…”Una idea que predomina en el filosofo norteamericano es que nadie merece (desde el punto de vista moral) la posición que ocupa en la sociedad, la cual es el producto de la “lotería natural”;…  (por lo que) crea lo que él llama el <principio de la diferencia> por medio del cual se establece que es licito que los mejor dotados en una sociedad obtengan un mayor beneficio que el resto a condición que ese beneficio sea parcialmente compartido con los menos favorecidos de la misma.

Ello se logra, según Rawls, aplicando impuestos progresivos con los cuales el gobierno efectúe una política distributiva que permita mejorar la situación de los más pobres. La tesis de Rawls es un intento por lograr una mayor igualdad dentro de un sistema de economía de mercado. No es socialista, ya que no promueve la abolición del mercado ni de la propiedad privada, pero se distancia del capitalismo a ultranza, ya que, permite -fundado en ideales distributivos- apropiarse de los beneficios obtenidos por el capital o aún por el propio esfuerzo con el fin de mejorar a los menos favorecidos.”

 

 

 

Finalmente Marcelo Risso deja una conclusión: “Desde ya que ninguna fórmula obtendrá el cien por cien de eficiencia ni el cien por cien de justicia, pero esto es así debido a que un sistema donde se busque el cien por cien de justicia, implicaría adoptar un sistema social donde el intento por igualar a todos, impediría la obtención de lucro como motor de la economía, y nadie tendría suficientes incentivos para agrandar la torta si no se le permite apropiarse de una buena parte de la ganancia. Por el contrario, un sistema social que busque únicamente la maximización de la riqueza, pero se desentienda totalmente de cómo se distribuye esa riqueza, más tarde o más temprano podría generar tensiones sociales que acabarían con el propio sistema.

En el conflicto Gobierno-Campo puede verse en líneas generales un enfrentamiento entre las tesis que acabamos de reseñar. El Gobierno tolera cierto margen de utilidad empresaria, pero por encima de cierto porcentaje interviene con regulaciones que implican una absorción de esas utilidades con el declarado propósito de redistribuirla entre los menos favorecidos. A menudo el Gobierno ha suprimido directamente la utilidad empresaria por un sistema de subsidios, donde el subsidio se transforma en la verdadera utilidad empresaria, con lo cual el sistema deja de ser de riesgo empresario, para pasar a ser un sistema de utilidad empresarial “administrada” por un burócrata, lo que a menudo termina transformando esa área económica en un sistema susceptible de ser corrompido y totalmente ineficiente. También el Gobierno considera que la renta extraordinaria del campo no es fruto de su esfuerzo, sino que es el fruto de un hecho fortuito como es el de mercado de comodities creciente que impulsa los precios hacia arriba, y por lo tanto como los productores no han hecho nada para disfrutar de ese beneficio extraordinario, que sería producto de la lotería natural, es justo confiscarlo en beneficio de los menos favorecidos.”

Yo intentare ampliar lo dicho por Risso en su muy interesante reflexión haciendo referencia a lo siguiente:

 

La renta extraordinaria

Escuchando a la mayoría de los defensores de las retenciones móviles, (y dejando de lado los insultos y calificaciones agresivas que usualmente emiten), se puede inferir que la frase “renta extraordinaria” la aplican a las ganancias adicionales que no estaban previstas al momento de la compra de un bien o del inicio del proceso de una producción, las cuales consideran más que extraordinarias, excesivas. ¿Pero quiénes son los que deciden si una ganancia es “excesiva”?  Por lo que hemos visto, no son aquellos que la producen. Parecería ser un tema delicado el juzgar y decidir sobre el destino de un dinero ajeno. Para evitar conflictos imprevistos generados por un  abuso de poder por parte de un gobierno, los sistemas democráticos y republicanos establecen reglas claras y límites preestablecidos para fijar los gravámenes impositivos y aduaneros. Por supuesto, éstas deben ser previamente negociadas con los sectores involucrados.   

Los valores de la soja, trigo, arroz, y otros bienes no aumentaron por consecuencia de una estrategia maquiavélica del exterior capitalista en su afán de dañar al paraíso argentino, o por producto fortuito de la “lotería natural de la vida”, sino que sus incrementos se debieron, fundamentalmente, a la relación que existe entre la oferta y la demanda, que es la base del sistema económico que rige en gran parte del mundo incluyendo a nuestro país.

Ahora bien, si consideramos a estos aumentos de los productos agropecuarios como una “renta extraordinaria”, deberíamos plantearnos porque se grava con increíble rigor a su producción y no a la de otros sectores. Por ejemplo, en el último año los valores de los automóviles cero km aumentaron 35% en dólares (las terminales aducen aumento de costos pero el campo también sufrió un elevado incremento de ellos). ¿Por qué no se aplican gravámenes adicionales a su venta?

Pero  ingresemos en un terreno que involucra a mucha más gente: las propiedades inmobiliarias. Toda la población (incluido el matrimonio Kirchner) vio elevado su patrimonio de una manera asombrosa. Departamentos que en el año 2000 (cuando regía el 1=1) costaban, por ejemplo u$s 30.000, hoy se venden entre 60 y 70 mil dólares. Ni hablemos si la comparación la realizamos con los años 2002/3, en el pos colapso económico del país, cuando se podía comprar de todo por “centavos”. ¿No es esto pasible de ser considerado “renta extraordinaria”?

Por supuesto, si el Estado implementara un sustancial aumento del porcentaje del impuesto a la venta de sus bienes, no tengo demasiadas dudas de que todos los que apoyan el incremento de las retenciones agropecuarias y que, adicionalmente, tuvieran propiedades –pequeñas, medianas o grandes- se indignarían y saldrían en masa a la calle para resistir la expropiación.  

¿Pero por qué se enojarían?? Es obvia la respuesta, a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo. Es fácil declamar y acusar a quienes se resisten a compartir su dinero más allá de lo que establece la ley. Es que somos casi todos genios económicos o socialistas sensibles cuando se trata de apropiarse de la riqueza de los otros, pero cobardes y egoístas cuando se trata de la propia. Para justificar o ocultarse a sí mismos tamaña injusticia, señalan a aquellos otros de oligarcas, antipatrias, evade-impuestos, millonarios insensibles, entre muchos epítetos, algunos de ellos irreproducibles en este blog.

Seguramente, cuando en uno de los últimos discursos de la presidenta argentina, los asistentes aplaudieron la confirmación de las retenciones móviles, ninguno de ellos pondría la mano en su bolsillo para ayudar a esa “redistribución de la riqueza”.

 

La redistribución de la riqueza

Son los impuestos coparticipables los que permiten una adecuada distribución de la riqueza generada por la masa productiva y de consumo de un país. Esto se debe a que los gobiernos centrales son bastante incapaces de conocer los detalles de las necesidades de sus estados o provincias. Creo haber sido bastante claro en mi nota anterior (“La crisis del campo: una consecuencia inevitable de la macrocefalia argentina”) sobre el tema de la coparticipación, por lo que haré sólo un sencillo agregado: A diferencia del impuesto a la ganancia, donde el porcentaje se aplica sobre el beneficio neto, las retenciones  aduaneras a las exportaciones, se aplican en forma directa sobre el valor bruto de venta (similar al esquema de los ingresos brutos). Es decir, no le interesan los gastos y costos del que produce ese bien. Gana o pierda el productor le da lo mismo al Estado nacional porque si pierde (imponderables como el clima, huelgas, pestes), el gobierno nacional no “coparticipa de esa pérdida”. Es un socio sin ningún riesgo.  

 

La ruta del dinero que se retiene

Dentro de lo posible, pues el matrimonio Kirchner tiene la costumbre de no aclarar debidamente los destinos de los fondos públicos) intentaré seguir la ruta del dinero.

Con los elementos que tenemos a mano, podemos decir que son los planes sociales al conurbano y los subsidios a las empresas de servicios básicos y transportes quienes reciben la mayoría de la promocionada redistribución.

¿Pero donde están localizados los principales servicios que reciben esos subsidios? En Buenos Aires. Salga usted y vaya al interior del país, por ejemplo, a Ituzaingo, en la provincia de Corrientes, descubrirá que, a pesar de que este pueblo está a 20 km de Yaciretá, sus habitantes pagan la electricidad tres veces más que los de Buenos Aires. Lo mismo sucede con el gas, al cual este año importamos pagando hasta cuatro veces más que el precio de compra interno al que se ven obligados los productores nacionales a vender.  ¿Y la nafta?  Todos lo que viajaron a las provincias en los últimos años han podido comprobar que una cosa era el precio del litro de nafta en Buenos Aires y otra muy distinta en el interior.

¿Y los planes sociales? Ya conocemos que el grueso del dinero va hacia al conurbano bonaerense (según las cifras electorales, es allí donde el peronismo kirchnerista tiene su mayor caudal de votos). Por supuesto, que se trata de un amplio sector de la población que sufre las consecuencias del desempleo, la delincuencia, la falta de una vivienda adecuada, salud y educación. ¿Pero qué decir de la miseria y el desamparo de los habitantes de los pueblos del interior del país? Además, ¿de dónde vino esa enorme masa de habitantes del cinturón poblacional que rodea a la Capital Federal? Los censos realizados desde hace casi dos décadas nos dice que la mayoría tiene su origen en los pueblos y ciudades de nuestras provincias. Cuanto más empobrecemos el interior más se despoblará éste buscando la quimera de oro que es Buenos Aires.

 

Buenos Aires es la principal beneficiada de la riqueza del interior

Entonces, nos encontramos con la hipócrita situación de que cuando el gobierno nacional reclama justicia social para todos, piensa solucionar –solo en parte según lo que se observa de la realidad capitalina y bonaerense-  algunas de las carencias y reclamos de Buenos Aires pero generando una fenomenal injusticia socio- política y económica para el resto del país.

La mayor parte del dinero que se le saca a la producción generada en el interior del país mediante las retenciones aduaneras, termina en Buenos Aires. Parecería que después de casi 200 años, el unitarismo esta vivito y coleando, trasgrediendo el espíritu republicano y federal que determina el artículo primero de nuestra constitución. Sería muy importante que los militantes kirchneristas explicaran a qué tipo de democracia se refieren cuando hablan todo el tiempo de defenderla. O… ¿Qué entienden como democracia?

 

Enrico Udenio

24 de junio de 2008

 

 

 

LA CRISIS DEL CAMPO, UNA CONSECUENCIA INEVITABLE DE LA MACROCEFALIA ARGENTINA

 

Durante las sesiones del congreso del 21 y 22 de abril de 1853, el Dr. Juan María Gutiérrez, diputado por la provincia de Mendoza, pronunciaba “Todas nuestras guerras civiles de cuarenta años no son más que la expresión de estos dos hechos: dominación o influencia unas veces justas y otras injustas del poder de Buenos Aires sobre las demás provincias, y resistencia unas veces justas y otras injustas por parte de éstas”.

Como si el tiempo no hubiera pasado, hoy el país está en vilo por causa del grave conflicto suscitado entre los productores agropecuarios del interior del país y el gobierno nacional con sede en Buenos Aires. Algunos insisten en que podría haber sido evitable. No lo creo. Por el contrario, pienso que estamos viviendo una historia que titularía: crónica de una crisis anunciada e inevitable.

Cuando, a partir del colapso socio económico que se produjo a fines del 2001, los precios internacionales y los términos del intercambio comercial externo favorecieron a los productos primarios, el sector agropecuario tuvo un fuerte crecimiento. En 1992, se producían treinta millones de toneladas de granos y se exportaban tres mil quinientos millones de dólares. Diez años después, la producción sobrepasó los setenta millones de toneladas y las exportaciones alcanzaron los diez mil millones de dólares. El gobierno nacional comenzó a gravarlas elevando los porcentajes de los impuestos en forma paulatina hasta provocar la sublevación de los pueblos del interior del país dos meses atrás. 

Además de considerar abusivos los porcentajes de retención a sus exportaciones, los productores agropecuarios denunciaron que se trataba de impuestos que el gobierno nacional no repartirá entre las provincias. Esta situación dejó en evidencia tres hechos significativos: el primero, la fuerte exposición pública de que la Nación no coparticipa esa riqueza con las provincias que la producen; segundo, la constante migración de sus pobladores hacia Buenos Aires por carecer de esperanzas de progreso para sus pueblos; y el tercero, que después de 150 años el país se encuentra con factores de dominación económica similares a las que utilizaba el gobierno de Buenos Aires para poder someter a las provincias en la primera mitad del siglo XIX. Me refiero concretamente a la recaudación aduanera.

Es que durante aquella época, Buenos Aires (ciudad y provincia), detentaba un poder económico que provenía, principalmente, de los ingresos aduaneros de su puerto. Para conservarlo, mantuvo un constante conflicto bélico con aquellas provincias que le reclamaban su coparticipación. La indignación de los federales por esta negativa porteña a compartirlos aumentaba debido a que las mercancías foráneas que ingresaban al país a través de su puerto perjudicaban notablemente a las incipientes industrias regionales. Para dar una idea de la magnitud económica de la situación, basta mencionar que, en aquel entonces, estos recursos aduaneros generaban más del  85% de las rentas públicas de todo el país por lo que, obviamente, Buenos Aires concentraba el poder económico de la nueva nación.

Cuando la Constitución Nacional de 1853 estableció el régimen de distribución de los ingresos impositivos en base a un sistema de impuestos similar al actual, se pensó que las provincias iban a tener mayor autonomía económica. Por un lado, había impuestos provinciales que le pertenecerían a la provincia y, por otro lado, tributos nacionales que manejaría la Nación, entre ellos los aduaneros. Lamentablemente la historia mostró que el gobierno nacional terminó acaparando los impuestos de mayor recaudación y, con ello, fracasaron, en la práctica, las ideas de 1853 que intentaban hacer de la Argentina una nación federal.

A partir de la pacificación del país en 1880, aún sobrellevando varias e importantes crisis, se produjo un fuerte crecimiento económico impulsado por el desarrollo de la ganadería y la aparición de la agricultura. Es bien conocida la frase “granero del mundo” que da cuenta de su ascenso en el contexto internacional hasta llegar a ser el séptimo país más rico del planeta. En los años previos a la segunda guerra mundial, los inmigrantes europeos veían, en la Argentina de aquel momento, a una nación con una perspectiva de desarrollo económico comparable a la de los Estados Unidos, Canadá o Australia.

Es que, del mismo modo que el petróleo constituye hoy la principal riqueza para Venezuela, el cobre para Chile, o el gas para Bolivia, en aquel momento la Argentina contaba con sus vastos campos para ser la punta de lanza de un formidable desarrollo económico. 

 

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DE ESPALDAS AL CAMPO

En mi último ensayo, “La hipocresía argentina”, relato cómo, aunque resulte increíble, el país quiso crecer de espaldas a su principal riqueza: la producción agropecuaria expandida en su extenso territorio. Sus políticos se hicieron cargo de renegar de ese sector y desvalorizarlo con los conocidos argumentos, no exentos de cierta validez, del “injusto intercambio de nuestros productos primarios por los productos industriales extranjeros”, o de la necesidad de frenar los abusos de poder de la oligarquía terrateniente. Con su acción política, los funcionarios desalentaron constantemente las inversiones en el sector y no supieron aprovechar los excedentes de riqueza, que el campo producía, para construir una industria de excelente tecnología, como sí lo hizo Australia, una nación con grandes extensiones territoriales y similares características climáticas y productivas que la Argentina.

Los resultados fueron devastadores.

Con la finalización de la segunda guerra mundial, gran parte del mundo experimentó, gracias a la notable expansión del comercio internacional, el más grande desarrollo económico de la historia. Mientras esto sucedía, la Argentina fue la única nación del mundo que en sólo veinticinco años (1935 a 1960) pasó de ser un país desarrollado a ser uno subdesarrollado y, desde el año 1950 hasta el 2000, fue el país de menor crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI) a valores constantes, en toda América Latina, excluyendo a Uruguay.

La composición del poder político en la Argentina se mantuvo inamovible a través del tiempo: Buenos Aires sigue siendo la aspiradora económica y demográfica de la nación como lo era en el siglo XIX.

Durante décadas los jóvenes de los pueblos y ciudades de nuestro interior huyeron hacia la esperanza porteña dejando a las provincias cada vez más pobres y más despobladas mientras que el centro urbano de Buenos Aires se agigantaba al punto de consolidar una Argentina macrocéfala.

 

LA ASPIRADORA ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA

Para dar una idea de la magnitud de esta macrocefalia, con su desproporción económica y demográfica, basta mencionar que, para fines de 1830 la provincia de Córdoba tenía 78.000 habitantes y $ 73.000 de ingresos fiscales mientras que Buenos Aires (provincia y ciudad) tenía 140.000 habitantes y nada menos que $ 3.000.000 de ingresos. En aquel momento Córdoba tenía 55 habitantes por cada 100 que detentaba Buenos Aires. En cambio, hoy alcanza apenas a 18.   

Ya en 1853 se denunciaba esta situación: durante las mismas sesiones del congreso del 21 y 22 de abril, un diputado santiagueño manifestaba su preocupación por “el cuerpo monstruoso cuya cabeza se halla hidrópica y sus miembros raquíticos”.

Hoy, la ciudad de Buenos Aires y su aglomeración urbana, la cual incluye al conurbano bonaerense, condensa al 33% de la población del país. Si nos remitimos exclusivamente al pequeño distrito federal conocido como Capital Federal, podemos observar que en sólo 200 km2 habita poco menos del 10% del total de la población y se registra el 25% de la riqueza del país. Si a la Capital Federal le sumamos la provincia de Buenos Aires, comprobaremos que concentran casi la mitad del total de la población argentina y el 70% del consumo nacional.

La macrocefalia se acentúa aún más cuando se resalta, no sólo la descomunal desproporción existente en el centro urbano de Buenos Aires con relación al total del país, sino también la abismal diferencia en cantidad de habitantes con relación a las ciudades que le siguen en población. Por ejemplo, la segunda ciudad más poblada de Argentina es Córdoba, con el 3 y 1/2 % del total del país. Como se ve, del 33% pasamos al 3% y ya después de la quinta ciudad, todos los demás centros urbanos están por debajo del 0,6%.

Absurdo, ridículo, o cualquier otro calificativo queda pequeño ante tal monstruoso desnivel poblacional. No hay en el mundo una experiencia similar a la Argentina en este ítem. La nación que más se le acerca, Australia, posee en Sydney, el 20% de la población mientras que la ciudad que le continúa en importancia, Melbourne, tiene el 17%.

En Estados Unidos, el centro urbano más poblado es Nueva York con sólo el 8% del total de habitantes de esa nación. Las ciudades en orden decreciente respecto de su cantidad poblacional tienen el 6% (Los Angeles)y el 3% (Chicago). Estados Unidos necesitaría sumar a sus catorce ciudades más populosas para llegar a acumular el porcentaje que ostenta la concentración urbana de Buenos Aires.

Mucho más cerca, el primer centro urbano de Brasil, San Pablo, una de las ciudades más pobladas del mundo, tiene apenas el 6% del total del total del país. Asombrosamente, Brasil necesitaría sus 40 ciudades más populosas para alcanzar el porcentaje que detenta Buenos Aires.  

Cualquiera que sea el modo de interpretar estas cifras, no puede pensarse un crecimiento social y económico de la Argentina sin solucionar esta problemática pues, sea cual fuere la metodología económica que se utilice o el partido político que gobierne, los procesos migratorios y económicos tienden, en forma natural y progresiva, a orientarse hacia aquellos lugares que generan las mayores expectativas de trabajo y los mejores estándares de vida.

 

EL FALSO FEDERALISMO

Mientras Buenos Aires no tenga competencia interna, seguirá siendo un imán migratorio insoslayable. Año tras año en lugar de disminuir, el flujo poblacional que arriba a la ciudad y al conurbano bonaerense aumenta considerablemente. La cabeza del país se agiganta cada vez más en proporción al resto del cuerpo.

Creo que, entre todos los males históricos que la Argentina ha padecido, esta situación se ha convertido en el peor obstáculo para su desarrollo, por todas las implicancias políticas, sociales y económicas que conlleva. Hasta que no se inicien intensas acciones enfocadas a un cambio en este sentido, será muy difícil encontrar soluciones duraderas a los graves problemas que padece el país.

Esta dificultad se acrecienta significativamente al analizar las encuestas que evidencian que, para gran parte de los argentinos, no tiene singular importancia el hecho de que el gobierno respete o no el federalismo republicano determinado por su Constitución. Siempre preocupados por la falta de dinero, la desocupación, la miseria, la seguridad, la corrupción y otros males endémicos,  no relacionan al estado republicano y federal con el desarrollo socio-económico del país, por lo que, para una amplia fracción de la población, la agresión por parte del gobernante ejecutivo nacional de turno hacia sectores regionales, sociales y económicos, no resulta ser un motivo válido para retirarle el apoyo electoral.

Este desinterés por la forma federal y republicana de gobierno es uno de los más graves errores éticos y económicos en que se incurre pues permite que los gobiernos nacionales sigan controlando políticamente a la mayoría de las provincias del interior del país a través del flujo de dinero. Aunque existe una ley de coparticipación federal, la misma perpetúa la dependencia económica de las provincias pues no corrige adecuadamente las distorsiones productivas de cada región. Además, el mismo gobierno nacional recauda cuantiosos fondos que pone fuera del alcance federal, como es el caso de las ya famosas retenciones aduaneras y el impuesto al cheque, y regula su uso a través de obras públicas o subsidios adicionales, sometiendo, a voluntad, a los gobernantes e intendentes provinciales.

Por ello, en la crisis actual que vive el país, los productores se resisten a aceptar el sistema de compensaciones por la aplicación de las retenciones aduaneras móviles pues significaría que, en el futuro, los resultados de sus negocios dependerán del gobierno nacional o funcionario de turno, que es el que autorizará, demorará o rechazará los fondos compensatorios prometidos, según su criterio político y las necesidades mayores o menores que tenga en ese momento. La historia argentina demuestra que hoy se otorgan y mañana se quitan según sean las circunstancias políticas. 

Las provincias y los municipios del interior de la nación necesitan, con extrema urgencia, políticas de crecimiento y desarrollo económico que atiendan la desocupación, la seguridad, la salud, y la educación para que los jóvenes y demás ciudadanos no sigan migrando a la ya hipertrofiada cabeza que es Buenos Aires. Un plan económico, cualquiera que sea, necesita de un buen federalismo en el cual apoyarse para generar una riqueza equilibrada en todo el territorio de una nación.

Al igual que las personas, una nación logra curar sus mayores males cuando cambia su propia historia, pues es la compulsión a la repetición la que la lleva a caer, una y otra vez, en los mismos errores del pasado. Si la Argentina no logra corregir la deformación distributiva de los recursos humanos y productivos que heredó de sus antecesores, le será muy difícil lograr un progreso firme en un futuro próximo o siquiera lejano.

Enrico Udenio

31 mayo 2008

(Extracto de la disertación que realizó el miercoles 29 de mayo de 2008 en el Club Del progreso).