EL OTRO YO DE CRISTINA

La semana pasada, unos manifestantes identificados como peronistas del Movimiento Nacional y Popular, que se autoproclamaban de izquierda y como pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, insultaron y agredieron a Mariano Grondona. El hecho ocurrió al finalizar el periodista su disertación sobre el tema “Reflexiones republicanas” en el teatro Español de la ciudad de Azul. Uno de los volantes que esparcían los agresores decía: “Desde las instituciones y organismos democráticos no podemos permitir que este siniestro personaje funcional a las sangrientas dictaduras sea quien aparezca utilizando los medios que él mismo censuró”.  Frase que presenta en su seno una paradoja, la de respaldarse en las instituciones democráticas para justificar un acto esencialmente antidemocrático tal como es el de negarle el derecho a la palabra a un otro por pensar diferente en un momento determinado de la historia. Por parte del gobierno no hubo ningún comunicado oficial de repudio al vandálico suceso.

 

Este hecho me trasladó en mis recuerdos al año 1965, cuando cursaba la carrera de Economía en la UBA y Arturo Illia era el presidente de la Nación. En aquel entonces mis simpatías políticas estaban del lado del marxismo por lo que participaba en muchas de las acciones contra los militantes peronistas, a los que se despreciaba, y contra la derecha, el sector ideológico al que se le temía. Un día, un ex funcionario de Frondizi y partidario del capitalismo, había sido invitado a darnos una clase magistral sobre economía. A pesar de que casi todos los días había en la facultad discursos y clases que promovían el socialismo y el marxismo sin que los sectores de la derecha se opusieran a ello, mis compañeros impidieron que la disertación se realizara ingresando con violencia en el aula. Esto evidenciaba que el respeto que existía desde un sector, no era correspondido por el otro. Ese fue el instante en el que comencé a replantearme si yo aceptaba o no la intolerancia política.

 

 El siguiente hito en mi proceso de cambio fue la lectura del libro de Aldous Huxley, “El fin y los Medios”  (en la sección <Recordar libros> de este blog, se transcriben algunos párrafos). Nunca más pude olvidar la frase de: “El fin no puede justificar los medios, por la sencilla y clara razón de que los medios empleados determinan la naturaleza de los fines obtenidos”.  Bucee en la historia y encontré que Huxley tenía bastante razón. En la gran mayoría de los hechos revolucionarios que conquistaron el poder político mediante la violencia, el mantenimiento del mismo se realizó aplicando la misma metodología que los había llevado al poder.  Desde la revolución francesa hasta la cubana y pasando por todos los golpes de estado militares, la libertad individual era casi suprimida o rebajada a instancias mínimas y las “depuraciones” ideológicas, sospechosamente semejantes a las religiosas y a las raciales, se daban en forma inexorable. 

 

 Mi desprendimiento ideológico del marxismo me acercó al nacional-peronismo de izquierda por lo que fui un ferviente defensor del retorno de Perón al poder. Pero fue en abril de 1974 cuando se produjo en mi vida otro suceso semejante al de la Facultad de Ciencias Económicas: el ingeniero Álvaro Alsogaray, presidente del partido de la derecha liberal llamado “Nueva Fuerza”, daba una disertación sobre la “Economía Social de Mercado”. Cuando quise asistir, me encontré con patotas peronistas que impedían el ingreso al lugar.

 

Poco tiempo después, estuve varias semanas trabajando en Tokyo. Un día, mientras salía de un edificio junto a un compañero japonés, observé que en plena avenida se desarrollaba una manifestación marxista. Ésta ocupaba un cuarto de la calle. Por delante, a los costados y por detrás, numerosas motocicletas de la policía local acompañaban la lenta marcha cercando las filas de los militantes. Intrigado le pregunté a mi compañero si esos policías estaban cuidando que los manifestantes no generaran disturbios. Para mi sorpresa, él me contestó: -Al contrario, la policía está cuidando que los de afuera no molesten a los de adentro.

Creo que ese fue el momento en el que decidí, de ahí en más, aprovechar las continuas estadías de trabajo que usualmente tenía en el extranjero, para interiorizarme sobre las particularidades políticas y económicas de cada nación. Estos estudios me hicieron descubrir con otros ojos el socialismo de Edward Bernstein, la socialdemocracia y el liberalismo intelectual. 

Influenciado por todas estas investigaciones, en 1983 apoyé política y financieramente la elección del Dr. Raúl Alfonsín con la esperanza de que la Argentina transitara un camino más democrático y republicano. Lamentablemente, la errónea política económica que los radicales implementaron frustró finalmente esa posibilidad.

  

Mis experiencias políticas durante años me habían mostrado que ni el marxismo ni el peronismo representaban el espíritu de ecuanimidad y respeto por las ideas ajenas, una definición que yo ya consideraba indispensable para generar el progreso social y económico en una nación. En el caso del justicialismo, el peso de sus partidarios afines a la violencia fascista superaba con creces al de otros que demostraban una intachable mentalidad democrática como, para citar sólo un ejemplo, era el caso del difunto Guido Di Tella. Es que los que terminaban detentando el poder consideraban a una gran parte de las instituciones democráticas como “elementos formales de relativa importancia para el desarrollo del pueblo”. Esta conducta, como no podía ser de otro modo, se transmitía hacia las bases de militantes y simpatizantes. Cualquier mención que alguien hiciera sobre las típicas posturas totalitarias del movimiento, como la extorsión a los empresarios, el sometimiento de los poderes legislativo y judicial a sus ideas, la presión, el aislamiento laboral y la persecución de los artistas e intelectuales opositores, etc., eran menospreciados y desvalorizados por ellos. La respuesta era siempre la misma: lo importante era obtener el bienestar del pueblo y no el cómo se lo lograría.

Es entonces que comprendí que el peronismo no relacionaba la posibilidad de que la población argentina accediera a una mejor condición de vida con el estricto cumplimiento a las normas democráticas, republicanas y federales. Para los peronistas, una cosa no tenía nada que ver con la otra. Y esto sí, era un pensamiento político diametralmente opuesto al de las naciones desarrolladas.

 

Desde 1946, pasaron casi 63 años. Los peronistas gobernaron 31 de ellos, de los cuales 17 fue durante los últimos 20 años. Las dictaduras militares y los radicales se repartieron casi proporcionalmente el resto de los gobiernos. Es decir, en la mitad del tiempo transcurrido, el justicialismo detentó el poder en el país. Y la nación tuvo en todos estos 63 años, la involución de desarrollo económico más grande de la historia mundial (Maddison, 2000). Pero no hay un solo militante o funcionario perteneciente a ese movimiento creado por Juan Perón, que haya asumido su crucial incidencia en esta debacle nacional. Han desperdigado una feroz propaganda haciendo caer la casi total responsabilidad de este desastre en los otros gobiernos, tan malogrados como los de ellos. Incluso, en los últimos años han llegado a considerar al del justicialista Carlos Menem como si hubiera sido un período político que no les perteneciera históricamente por tratarse de un gobierno de la “derecha conservadora”, cuando fue el propio Perón que se encargó de aclarar que el justicialismo nunca fue un movimiento de “izquierda”.

Esta manera de distorsionar la historia también se evidencia con numerosos hechos históricos, como, por ejemplo, la actual postura del matrimonio K con respecto a los crímenes cometidos por la organización peronista “la triple A”. Intentan desvincularlos de su génesis peronista haciéndose los distraídos sobre el hecho incuestionable de que esta banda paramilitar existía amparada por el Estado cuando era presidente del país nada menos que el propio Juan Domingo Perón.

 

El otro yo del Dr. Merengue

 

En 1945, el humorista Guillermo Divito concibe un personaje de historieta llamado Dr. Merengue. Era un abogado pulcro y formal que nunca perdía la postura correcta. Pero este doctor tenía un doble discurso. Mientras siempre decía lo que el otro quería escuchar de él, su otro yo, en realidad, pensaba y sentía todo lo contrario.

Cuando observamos todas las discursivas alusiones que todos los presidentes justicialistas del país hicieron y hacen ponderando la democracia y la república, y las comparamos con las despreciativas expresiones, intolerancia, insultos y persecuciones que han hecho con todos aquellos que se les oponen, nos damos cuenta de que una cosa es su discurso y otra muy diferente lo que terminan haciendo. Probablemente no haya sido una simple casualidad el nacimiento del personaje del Dr. Merengue con el del movimiento peronista. Nadie más claramente que el mismo Perón expresó este doble discurso en su libro “Conducción Política” (Edición 1974 Sec.Política de la Presidencia de la Nación): “(…) cuando pronuncié los primeros discursos en la Secretaría de Trabajo y Previsión,  (…) yo les hablaba un poco en comunismo. ¿Por qué? Porque si les hubiera hablado en otro idioma en el primer discurso me hubieran tirado el primer naranjazo… Porque ellos eran hombres que llegaban con cuarenta años de marxismo y con dirigentes comunistas. (página 229) (…) Se inclinaban más hacia la lucha de clases (…) Yo no compartía esas ideas. (página 234) (…) repito, la gente que iba conmigo no quería ir hacia donde iba yo; ellos querían ir adonde estaban acostumbrados a pensar que debían ir. Yo no les dije que tenían que ir adonde yo iba; yo me puse delante de ellos e inicié la marcha en la dirección hacia donde ellos querían ir; durante el viaje, fui dando la vuelta, y los llevé adonde yo quería…” (página 235).

Pero esta transferencia política de la clase obrera desde el socialismo, pudo efectivizarse gracias, fundamentalmente, a la promulgación de la nueva ley sindical que establecía una única central de trabajadores que aglutinaría a un solo sindicato por rubro. La personería jurídica otorgada por el Estado era indispensable para acceder a los beneficios sociales. A partir de ese momento, la aceptación jurídica tenía concretos beneficios económicos para los sindicatos y eran otorgados siempre y cuando profesaran la adhesión a Perón (aun hoy, organizaciones no peronistas intentan vanamente obtenerla, como es el caso de la CTA). No en vano, el mismo Perón expuso su importancia al declarar que el movimiento obrero era “la columna vertebral del justicialismo”.

 

Y son justamente los sindicatos los que permiten visualizar con perfecta claridad la analogía del peronismo con el personaje del otro yo del Dr. Merengue.

  

Mientras los cuadros políticos del justicialismo discursean sobre el respeto a la democracia y la república, los sindicalistas demuestran a través de sus comportamientos, sin rubor ni arrepentimiento, el verdadero sentir peronista. Los dirigentes se eternizan en el poder; se convierten en millonarios algunos y nuevos ricos muchos; las minorías no tienen acceso a los mandos; son bastantes sumisos cuando el gobierno está en manos de un peronista pero le hacen la vida imposible a los gobiernos democráticos de signo diferente. Cuando no logran sus objetivos utilizando las modalidades de protesta gremiales amparadas por la Constitución, no tienen reparo alguno en ejecutar la violencia física y extorsiva para obtenerlos. Y toda estas actitudes totalitarias no han servido siquiera para que, con el transcurrir del tiempo, los trabajadores obtengan un vivir más digno.  

El verdadero sentimiento peronista 

 Es en el sindicalismo peronista donde se visualiza casi a la perfección la génesis fascista del movimiento cuando recordamos que la ley sindical promulgada por Perón es casi un calco del de la de Mussolini. 

Son muchos años de cultura peronista y han introducido en sus cuadros políticos una manera muy especial de ver el país. No es relevante lo que Cristina Kirchner diga sobre la democracia. Para ella, al igual que para todos los otros gobernantes peronistas, la democracia comienza y finaliza en el trámite electoral. En un lenguaje informático, podríamos decir que es el “chip” que tienen dentro. Gobernar bien es concentrar el poder. Progresar adecuadamente depende de la buena voluntad del gobernante y no del cumplimiento del juego democrático, republicano y federal. Y, por supuesto, el denominado pueblo trabajador debe ser peronista o se perderá todo el poder.

Y es en éste último párrafo cuando creo que llegamos al ojo del huracán.

 

Después de haber transcurrido 63 años desde su nacimiento y 34 años desde el fallecimiento de su inventor, el peronismo, sin ser una ideología política y económicamente identificable con claridad, sigue vigente en la Argentina gracias a la ley sindical de origen fascista. Sin la misma, el movimiento obrero estaría representado en diferentes líneas políticas. Los marxistas, socialistas, independientes y liberales, serían los genuinos exponentes de los trabajadores. Al igual que el resto del mundo, habría varios sindicatos de un mismo gremio con diferente adhesión ideológica, o uno solo por gremio pero con secretariados donde las minorías estuvieran representadas. Cada uno se concentraría en defender la situación de sus afiliados en lugar de maniobrar políticamente para acceder al poder del Estado.

 

Establecer una genuina democracia en el peronismo implicaría modificar de manera tajante al sindicalismo en la Argentina. Si éste se democratizara, el peronismo tendría alguna opción de hacerlo también, pero mientras no suceda, su tan mentada columna vertebral adolece de rigidez articular y se sabe que, en estructuras rígidas no hay lugar para movimientos fluidos.

¿Pero quién le pone el cascabel al gato?

En 1983, el presidente radical, Raúl Alfonsín, lo intentó a través de la ley Mucci. La CGT le respondió con 13 huelgas generales y casi 4.000 huelgas sectoriales durante sus años de gobierno.

 

Para que en un futuro inmediato pueda modificarse la actual ley sindical de base fascista se requiere del apoyo y la comprensión popular.  Lo usual es que el pueblo interprete las huelgas extorsivas como genuinas en vez de verlas como los embates del peronismo populista para desestabilizar a los gobiernos que quieren democratizar al movimiento obrero. Es importante tomar conciencia de los enormes prejuicios que la actual ley sindical le ha traído al mismo pueblo que la propaganda justicialista dice favorecer. Sin un cambio en este sentido será muy difícil que se produzca la reconversión del justicialismo en un partido socialdemócrata o en uno que corresponda a la derecha democrática conservadora, según sea la definitiva tendencia de sus dirigentes políticos.

 

Enrico Udenio

Autor de los ensayos “Corazón de derecha, discurso de izquierda”, Ugerman Ed., 2005; y “La hipocresía argentina”, LibrosEnRed Ed.,2008.

31 de agosto 2008

EL PAÍS MODELO, MODELADO, MODELADOR… Segunda Parte

La semana pasada me ocupé de los aspectos económicos  del llamado “modelo de país hay que hay que defender” según el pensamiento expresado por muchos de los funcionarios y partidarios de este gobierno.

En este artículo intentaré desarrollar los aspectos políticos y sociales del modelo K.  Recordemos  que los Kirchner construyeron un modelo socio-político-económico basados en los siguientes parámetros:

1) Peso subvaluado con superávit fiscal y comercial.

2) Reestructuración de la deuda nacional con bonos mayoritariamente atados a la inflación y con pagos previstos recién a partir del año 2008 en adelante.

3) Inflación controlada con elevado consumo de bienes.

4) Conflictos sociales amortiguados gracias a subsidios otorgados.

5) Concentración del poder en el ejecutivo relegando al legislativo y al judicial.

6) Una política de derechos humanos accionando sobre las facciones de la derecha pero amparando a las de la izquierda.

7) Un sindicalismo peronista al servicio del gobierno y viceversa.

Como los tres primeros ítems ya fueron desarrollados en el editorial de la semana pasada, en esta segunda parte de la nota continuaremos con los ítems 4, 5, 6 y 7.

El modelo de país Kirchnerista

4) Conflictos sociales amortiguados gracias al otorgamiento de subsidios.

Al momento de su asunción, el gobierno tuvo que enfrentar numerosos problemas sociales. El incremento de los planes de ayuda, instrumentados a través de las intendencias y punteros políticos, les sirvió para amortiguar las carencias económicas de una gran parte de la población excluida del circuito laboral. Si bien esto dio lugar a una notoria utilización política, y formó parte de una turbia y sospechosa distribución de los subsidios, la resultante positiva de esta herramienta fue el éxito logrado en el control de los conflictos sociales.

El aspecto negativo fue que, al no lograr un aumento significativo de la riqueza, el empleo no creció genuinamente, por lo que no se vislumbra en el horizonte un punto final para esos subsidios no institucionalizados (en contraposición a los seguros de desempleo, que son subsidios reglamentados y acotados en el tiempo). Adicionalmente, al no haber inversiones, los subsidios a las empresas de los servicios básicos parecen también no tener fin.  

Para el gobierno, la disyuntiva actual es muy dura: o se permiten aumentos de precios y tarifas, con la probable consecuencia del retorno de los conflictos sociales; o se mantienen los niveles de subsidios pero con una gran incógnita a resolver: ¿de dónde saldrán los fondos adicionales para ello?

De todos modos, la historia da cuenta de muchos episodios en los cuales la realidad económica ha terminado apabullando a la voluntad política.  

 

5) Concentración del poder en el ejecutivo que relega al legislativo y al judicial.

Según los políticos más viejos, el poder que los Kirchner lograron concentrar en estos años ha sido superior al conseguido por Perón en sus dos primeras presidencias. Personalmente no creo que sea así pero, de lo que no tengo dudas, es de que lograron un nivel de poder político tan alto que superó al conseguido en su momento por el hábil Carlos Saúl Menem.  

 

La consecuencia positiva fue que, sin la interferencia de una fuerte oposición ni la de los otros dos poderes del Estado (el legislativo y el judicial), pudo ejecutar con rapidez acciones indispensables para poner en marcha nuevamente al país.

 

Los aspectos negativos fueron varios aunque todos ellos derivados de una sola raíz: el hecho de que la inexistencia del funcionamiento de las instituciones republicanas hacen desaparecer a la República misma y ponen en duda al sistema democrático.  Es entonces cuando el poder casi absoluto lleva al ejecutivo a cometer constantes errores, que traen como consecuencia un deterioro político, social y económico para el país. Los jueces, que a partir de una medida inconstitucional pueden ahora ser juzgados según sus sentencias, dejaron de accionar de acuerdo a las leyes formales y pasaron a juzgar según el humor de las encuestas y el deseo del poder político.   

 

6) Una política de derechos humanos que acciona sobre las facciones de la derecha pero ampara a las de la izquierda.

Las manifestaciones más violentas durante los años 2001 y 2002 estuvieron asociadas con las agrupaciones de izquierda. En un intento por controlarlas, Néstor Kirchner decidió acordar con ellas y promover la anulación de las leyes del perdón implementadas por Alfonsín, y los indultos sancionados por Menem. Como esta decisión comprometía por igual a las Fuerzas Armadas y a los guerrilleros, se enfrentaba ante un problema: esas agrupaciones de izquierda rechazarían el hecho de que, para dar cuenta de sus acciones, tuvieran que presentarse ante la justicia los guerrilleros indultados. Esto, además, comprometería a numerosos funcionarios de su gobierno que habían estado vinculados a la guerrilla. Para evitar este conflicto, el matrimonio K presionó a la justicia para que calificara a las Fuerzas Armadas como únicos responsables de delitos de lesa humanidad, por las acciones cometidas durante la represión llevada a cabo, principalmente, entre 1976 y 1981. De esta manera, ignoró las sanciones que le corresponderían a los guerrilleros por los indiscriminados actos de violencia que llevaron a cabo.

 

Lo positivo es que esto permitió juzgar los hechos aberrantes cometidos durante esa época, y que esto les permitió a los Kirchner ejecutar su plan de gobierno sin tener que enfrentar las constantes movilizaciones callejeras de las facciones de izquierda así como de las organizaciones de derechos humanos en la Argentina, las cuales ostentan una clara y evidente parcialidad ideológica con respecto a este tema.

 

Con respecto a las consecuencias negativas de esta decisión, ya me referí a ellas con cierta extensión en mi nota anterior: “Una moneda de dos caras”.  Puedo sintetizar lo expuesto mencionando que esta actitud es contraria a las declaraciones internacionales de los derechos humanos que reglamentan estos delitos;  que implementó en el país la teoría del único demonio; y que reinstaló en la sociedad el tema del conflicto armado entre los guerrilleros y los sucesivos gobiernos desde 1968 hasta 1980.

Aunque no estén de acuerdo con gran parte de las actitudes y decisiones de los Kirchner, muchos de los denominados progresistas probablemente los defiendan por el temor de que, si accede al poder otro gobierno, éste pueda modificar la actual visión de la política de derechos humanos.

Pero por más que se intente barrer debajo de la alfombra, la investigación histórica siempre ha sido justa y equilibrada a través del tiempo, por lo que terminará concluyendo que, así como los militares no eran patriotas, ni se comportaron como tales al reprimir de la manera atroz y clandestina no sólo a los guerrilleros sino también a todo aquel cuya ideología se inclinara hacia la izquierda, tampoco fueron patriotas aquellos que pusieron bombas matando inocentes civiles, con la finalidad de tomar el poder en nombre de una representación popular que no tenían ni nunca les había otorgado la población.

 

7) Un sindicalismo peronista al servicio del gobierno. 

Los Kirchner pudieron gobernar con relativa tranquilidad porque supieron conseguir el apoyo del sindicalismo peronista. Lo hicieron respaldando al principal dirigente de la CGT, el camionero Hugo Moyano, su gremialista más combativo, mediante un generoso flujo de dinero y con la confirmación de la ley sindical que otorga personería a una única CGT con un solo sindicato por gremio.

 

Uno de los elementos positivos que tuvo la alianza entre el gobierno y los sindicatos fue que permitió que se equilibraran las fuerzas de poder entre los empresarios y los obreros; y que los gremios recuperaran los fondos para volver a sostener las obras sociales. No olvidemos que éstas son una característica esencial del sindicalismo argentino. Se trata de una notable asistencia de salud para los afiliados porque el servicio se basa en la solidaridad.

 

Lo negativo se encuentra en el incremento de conductas mafiosas por una parte de sus dirigentes. En estos años, Hugo Moyano, su máximo referente, ejerció una y otra vez la coacción y la extorsión para lograr sus fines.

Así como un sindicalismo débil es tierra fértil para que las empresas abusen de sus empleados y obreros, uno excesivamente poderoso que ejerce acciones extorsivas, es el camino más seguro para que las inversiones de capital brillen por su ausencia.

Constituirá un grave problema para los futuros gobernantes del país si no logran neutralizar estas mafias enquistadas en el sindicalismo.

 

Conclusión

Quizás la definición más cercana que podría hacerse sobre el modelo de país promovido por el matrimonio Kirchner sea el de un nacionalismo populista ligeramente inclinado hacia la izquierda. Basta ver la referencia continua a Arturo Jauretche que hace Cristina K para dar cuenta de su postura ideológica.  

Ha sido un gobierno que, a partir de la renuncia de Lavagna, se ha manejado con una política económica focalizada únicamente en el presente. Las inversiones no aparecen, ni aparecerán, justamente porque el futuro se vislumbra con altísimos riesgos.

Si para estimular el ingreso de capitales el matrimonio K intenta modificar su modelo, todo el andamiaje que los sustenta caerá irremediablemente por lo que, lamentablemente el pronóstico es que no lo harán y que, por ende, la inflación seguirá en aumento y la pobreza se incrementará.

Los menores ingresos fiscales le impedirán a Cristina satisfacer los crecientes reclamos de mayores subsidios por parte de las organizaciones piqueteras y sindicales, esto derivará en  una nueva ola de manifestaciones y conflictos.

En las últimas semanas, algunas decisiones judiciales dieron señales de cierta independencia con respecto al poder ejecutivo, y el Congreso se ha animado más a cuestionar las propuestas enviadas por la presidencia. El tratamiento del presupuesto del año 2009, y la renovación o no de las prerrogativas extraordinarias que hoy detenta el poder ejecutivo, nos darán la evidencia de si estamos ante un genuino cambio de actitud del poder legislativo.

 

La integración del partido político Frente para la Victoria, que llevó a Néstor y Cristina Kirchner a detentar el poder nacional, fue de estratos muy diversos aunque sus principales sostenedores fueron el Justicialismo, un sector muy importante de la Unión Cívica Radical, posteriormente conocidos como Radicales K, el Socialismo, la Democracia Cristiana,  el Comunismo, y organizaciones piqueteras populistas y filo marxistas como Barrios de Pié, Convergencia K, Convergencia de Izquierda, etc.

El conflicto entre el gobierno y el campo, con el resultado conocido por todos (la votación “no positiva” del vicepresidente Cobos), generó en el seno del poder una profunda escisión política muy difícil de superar. Esto ha hecho que la primigenia idea de “transversalidad” ideológica que promovió Néstor Kirchner, quedara circunscripta al partido Justicialista. En realidad, a la columna vertebral de ese partido: los sindicatos. Es que todos los adherentes extra-partidarios a este modelo K, si quieren que éste sobreviva, deberán responder a los deseos e inquietudes del sindicalismo peronista.

 

Hoy por hoy, del tan promocionado modelo de país sólo queda un matrimonio presidencial sostenido por el poderío sindical de la derecha peronista, por los sindicatos que defienden el rol de patrón del Estado, por las organizaciones de los derechos humanos vinculadas a la izquierda, y por las estructuras empresariales y sociales que viven de los cuantiosos subsidios estatales.

Esta situación me recuerda una frase que, muchos años atrás, dijo un político, en privado, pocas semanas antes de asumir como presidente de la Nación: “El problema es que de las dos ventanillas que tengo: una, en la que me piden, hay una fila más larga que la muralla china; en cambio, en la que me dan, deben estar todos de vacaciones porque no veo a nadie”.

Este modelo de país que los Kirchner promocionan no es un modelo de desarrollo económico sustentable sino uno de distribución de subsidios. Pero cuando los capitales se consumen, si éstos no se renuevan con inversiones, el modelo no tiene forma de subsistir porque los que estaban en la ventanilla del dar, comienzan a tomarse sus vacaciones.

Enrico Udenio

Autor de los libros “Corazón de derecha, discurso de izquierda” (2005); y “La hipocresía argentina” (2008).

24 de agosto de 2008

EL PAÍS MODELO, MODELADO, MODELADOR… Primera parte

Una y otra vez el oficialismo se ha encargado de popularizar la expresión “hay que defender este modelo de país”. Lo hace a través de sus políticos; de los medios gráficos que reciben cuantiosas sumas del gobierno a través de pautas publicitarias, tal como el diario Página 12, y las revistas Veintitrés y Debate, entre otros; de los empresarios defensores del dólar alto; y de los intelectuales K reunido en el espacio denominado Carta Abierta.

Este modelo, promocionado como exitoso y  socialmente redistributivo, pareciera estar haciendo agua por varios lados, por ello me parece interesante analizar brevemente en qué consiste y cuáles son sus características.

EL MODELO DE PAÍS KIRCHNERISTA

Cuando Kirchner se hizo cargo del país,  continuaban en él los conflictos sociales pero su economía, después del colapso en el 2002, había ya salido del peor momento. El dólar se encontraba estabilizado alrededor de tres pesos, y por causa de la pesificación asimétrica,  se había realizado una fenomenal transferencia de riqueza desde los bolsillos de los particulares a los de los empresarios endeudados.

A partir de su asunción, el 25 de mayo de 2003, construyó un modelo de país basado en los siguientes pilares: 1) Peso subvaluado con superávit fiscal y comercial. 2) Reestructuración de la deuda nacional con bonos mayoritariamente atados a la inflación y con pagos previstos recién a partir del año 2008 en adelante. 3) Inflación controlada con elevado consumo de bienes. 4) Conflictos sociales amortiguados gracias al otorgamiento de subsidios. 5) Una concentración del poder en el ejecutivo que relega al legislativo y al judicial. 6) Una política de derechos humanos que acciona sobre las facciones de la derecha pero ampara a las de la izquierda. 7) Un sindicalismo peronista al servicio del gobierno.

Por razones de longitud, dividiré el editorial en dos partes. En esta primera desarrollaré los tres primeros ítems vinculados a las consecuencias económicas. La segunda parte con los últimos cuatro ítems, se publicará el próximo día 23 de agosto en este mismo espacio.

 

1)      Peso subvaluado con superávit fiscal y comercial (Un dólar alto sostenido por el Banco Central).

Según los cálculos técnicos existentes en los momentos finales de la convertibilidad, el valor de cambio real del peso era de aproximadamente $1,30 por dólar. Duhalde devaluó a $ 1,40 para tener un pequeño plus que compensara probables oscilaciones del mercado. El pánico que invadió a la población rompió con esta pauta llevándolo a casi $4 por dólar.

Cuando Néstor Kirchner asumió el poder, a fines de mayo del 2003, el pánico ya estaba controlado y al dólar se había estacionado en $ 2,90. Técnicamente, el valor real del peso podía calcularse en aproximadamente $ 1,50 por dólar. Es decir, la subvaluación de la moneda argentina rondaba el 100%, por lo que el gobierno tenía un enorme “colchón” para aprovechar los beneficios de este mecanismo cambiario, aunque debía enfrentar paralelamente sus perjuicios.

 

Las consecuencias positivas fueron:

·        Salarios y gastos ultra deprimidos que promovían las exportaciones y la fabricación y venta de productos nacionales. Se encarecieron las importaciones y esto permitió a la industria nacional espléndidos beneficios que promovieron la recuperación de vastos sectores industriales. Según las estadísticas al momento del colapso en enero del 2002, el promedio de ocupación industrial estaba en el 50% de su capacidad y, en poco más de dos, años se recuperó.

·        Permitió un auge del negocio turístico. Hasta el año pasado, Argentina fue un país de muy bajos costos para los turistas. Esto ayudó a que este rubro captara gran parte de las reducidas inversiones que tuvo el país durante estos años.

·        Se logró una recuperación paulatina del comercio y de las exportaciones agropecuarias. Se obtuvo un considerable aumento de los ingresos fiscales a través de los impuestos y la imposición de retenciones aduaneras a los productos del campo. Con el gasto público reducido sensiblemente, porque los salarios y demás erogaciones se abonaban en los pesos cercanos al “1 a 1” de la convertibilidad, se pudo lograr un superávit fiscal muy importante. La estrategia fue clara: el gobierno sostenía un peso muy subvaluado pero, de toda esa renta extraordinaria que les otorgaba a los empresarios nacionales, el Estado se quedaba con una gran parte. Esto facilitó la obtención del dinero necesario para paliar, mediante subsidios, la extrema pobreza generada por el colapso financiero.

·        Con este excedente económico, se subsidiaron los transportes, energía, alimentos y otros servicios básicos para que los precios y tarifas no acompañaran la gran devaluación monetaria. Cuando comenzaron a recuperarse los salarios tan deprimidos, estos muy bajos costos de los servicios ayudaron a disminuir el alto porcentaje de pobreza de la población.

·        El aumento de la actividad industrial logró un mayor nivel de empleo, con la consiguiente baja en el desempleo, aunque las cifras de desempleo fueron tergiversadas con la exclusión de los beneficiarios de los planes sociales de las mismas.

·        Con el cambio tan desfavorable para las importaciones, también se obtuvo un fuerte superávit comercial (más exportaciones que importaciones), lo que ayudó a sostener el valor del peso.

 

Las consecuencias negativas fueron:

·       Muy poca inversión. La mayoría de las industrias no invirtieron para aumentar su posibilidad productiva. Esta circunstancia, que muestra una desconfianza crónica del empresariado nacional respecto del futuro del país, determinó que este modelo quedara limitado a la reactivación de la capacidad existente pero sin demasiada esperanza de ser ampliado y, por ende, de exportar y competir con los productos extranjeros en un marco de mayor libertad comercial. A diferencia de los industriales brasileños, los beneficios de los empresarios argentinos siguen hoy dependiendo de la sobreprotección que les pueda dar el Estado.

 

 

La mayoría de las industrias no invirtieron

 para aumentar su posibilidad productiva

 

·       Al no tener la economía mayor expansión que la ya existente, la redistribución de la riqueza quedó limitada a los subsidios otorgados mediante dos formas: los planes sociales y las compensaciones económicas a las empresas, de servicios y energía principalmente, para que sostuvieran los precios de sus productos y no acompañaran los inevitables ajustes que determinaba la fuerte devaluación del peso.

·       Para subsidiar artificialmente un dólar alto, el Banco Central tuvo que emitir constantemente moneda para comprar dólares. Luego, para evitar que esos pesos se volcaran en la plaza y se incrementara demasiado a la inflación, emitieron bonos a elevado interés con el objetivo de recuperarlos. Al no ingresar capitales para inversiones de mediano y largo plazo, la promocionada acumulación de reservas en el Banco Central fue producto de esas compras de dólares y del saldo del balance comercial. En síntesis, que las mayores reservas que hay en el Banco Central hicieron subir su activo pero, también, su pasivo.

·       La adquisición de propiedades a muy bajo valor en dólares durante los años 2002 a 2005, tanto en zonas rurales como urbanas, por parte de empresas y particulares residentes en el exterior.

 

2)      Reestructuración de la deuda nacional con bonos mayoritariamente atados a la inflación y con pagos previstos recién a partir del año 2008 en adelante.

Cuando se reestructuró gran parte de la deuda, se hizo con el pensamiento de “patear los pagos hacia adelante”. La espectacular depresión del mercado argentino aseguraba varios años sin inflación, por lo que el default del 42% de la deuda en pesos se hizo ajustable por CER, según el índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC. Los primeros pagos importantes comenzarían en el 2008.

Había tiempo para recuperarse y si no se ganaban las elecciones presidenciales del año 2007, los pagos de la deuda iban a ser un problema para el siguiente gobierno.

 

Las consecuencias positivas fueron:

·        El país estuvo, en la práctica, seis años sin pagar capital ni intereses importantes de la deuda (con la excepción del pago al FMI). Tuvo entonces tiempo para desarrollar políticas económicas que permitieran un crecimiento económico.

·        En su momento y gracias al default, se redujo sustancialmente el monto total de lo que el país adeudaba.

 

Las consecuencias negativas fueron:

·        Durante la renegociación de la deuda, el trato político hacia los acreedores fue vejatorio a un nivel tal que, por mucho tiempo, se cerraron para el país todas las posibilidades crediticias desde el exterior, con excepción de Venezuela, que le presta a la Argentina a altas tasas de interés. Esto obligó a buscar créditos internos a través de las letras del Banco Central negociadas a tasas también elevadas.

·        A los seis años de haber hecho la cesación de pagos más grande de la historia y después de haber ejecutado casi unilateralmente la quita más furibunda posible enemistándonos así con todos los acreedores externos e internos, insólitamente la deuda pública ha llegado a un nivel similar a la que tenía en diciembre del 2001.

 

3)      Inflación controlada con elevado consumo de bienes. (El concepto de que una inflación controlada no es mala)

Después de una década sin sufrir inflación, aparece ese flagelo social en el país. El gobierno la acepta con el argumento de que una “razonable” cuota de inflación aumenta el consumo y que éste será el principal motor del crecimiento económico.

Teóricamente, los principales generadores de una inflación son: a) Incapacidad de la oferta industrial y de servicios para satisfacer una mayor demanda de sus productos. b) Devaluación de la propia moneda. Naturalmente los productos tienden a mantener un valor constante medido en términos internacionales. Si hay devaluación, hay suba de precios en la mayoría de los artículos. c) La alta tasa de interés del crédito que encarecen los costos. d) Aumento de salarios sin una mayor contraprestación productiva; y c) Las expectativas de un mayor riesgo inflacionario para el futuro.

 

La consecuencia positiva de esta decisión fue:

·      La población, indignada y con desconfianza hacia los bancos, por causa del conflicto derivado de la pesificación asimétrica, decidió invertir sus ingresos, más los dólares que muchos tenían guardados, en propiedades y productos varios. La sensación de que, por causa de la inevitable inflación derivada de la fuerte devaluación del peso, tarde o temprano los precios subirían, estimuló su aplicación al consumo.

 

Las consecuencias negativas de esta decisión fueron:

·      A pesar de que el dólar no presentaba movimiento, cuando la industria nacional tuvo dificultades para satisfacer la mayor demanda, impulsó la inflación aumentando los precios de sus productos.

·      Aumentaron las importaciones y esto produjo una nivelación parcial de la oferta y la demanda que marcó ciertos límites al aumento de precios de los productos nacionales. Pero en aquellos rubros en los que la importación no era posible, como por ejemplo en el caso de las propiedades inmobiliarias, los valores llegaron a superar con creces a los existentes en la época de la convertibilidad. 

 

 

Fue “peor el remedio que la enfermedad” pues la

desconfianza que se generó en la sociedad

aceleró la inflación

 

·   Cuando los números inflacionarios comenzaban a descontrolarse, el matrimonio presidencial decidió inventar índices más bajos (recordemos que una buena parte de los nuevos bonos emitidos a raíz del default del país se ajustan mediante los índices de inflación). Para obtenerlos, intervinieron el INDEC y falsearon las estadísticas. Pero fue “peor el remedio que la enfermedad” pues la desconfianza que se generó en la sociedad  aceleró la inflación. Hoy, los sindicalistas exigen aumentos de sus salarios en porcentajes que duplican los índices de inflación del INDEC; los acreedores se sienten estafados y comienzan a desprenderse de sus bonos; y los empresarios frenan aun más las ya pocas inversiones que realizaban. Es que la importancia que tiene conocer la evolución económica, social y financiera de una nación es primordial a la hora de evaluar su desarrollo y decidir las inversiones de capitales. Cuando se desconfía de la veracidad de la información, el dinero se fuga –irremediablemente- hacia otros países con el consiguiente deterioro para nuestra nación. No olvidemos que vivimos en un sistema capitalista en el cual, si no aparece el capital privado de riesgo, no hay desarrollo posible.

 

A MODO DE CONCLUSIÓN

 Al instrumentar una política antiinflacionaria basada en el férreo control de las principales variables, se impidió que rubros tan esenciales para el país como el petróleo, el gas y la energía en general, las comunicaciones, los transportes y los alimentos entre otros, pudieran paulatinamente corregir los precios para acercarlos a la inflación implícita generada por la gran devaluación del peso. Esto anuló las inversiones en la mayoría de esos rubros, con el agravante de que, adicionalmente, el Estado debió subsidiar a las empresas para que siguieran produciendo a precios extremadamente bajos.

Después de cinco años, el país consumió su “depósito de capital energético” y ya debemos importar gas y electricidad a valores internacionales (de tres a cinco veces más caros que el precio nacional) y dentro de muy pocos años, importaremos petróleo. El plan fue brindar energía y transporte barato a la gente financiándolo con el consumo del capital productivo de las empresas y con más impuestos. Cada vez más subsidios y, por lo tanto, cada vez un mayor aumento del gasto público improductivo que genera la necesidad de recaudar más para poder solventarlo. Pero como no hay inversiones ni aumenta la “torta” a repartir, aparecen los graves problemas sociales. La revuelta del campo fue la muestra del punto límite que tiene este esquema.

Hoy las grandes empresas dependen más del dinero que les da el Estado que del que extraen normalmente del mercado. Cupos, retenciones y prohibiciones de las exportaciones, controles de precios, presiones extorsivas con amenazas y violencia física son acciones más afines a un comportamiento mafioso que al de un gobierno nacional.

 

Se necesita mucha ineptitud para volver

 a hundir un país como la Argentina.

 

Con respecto a lo financiero, cuando, días pasados, el gobierno aceptó un préstamo de Venezuela a una tasa de casi 15% anual, cometió uno de sus más grandes errores.

En términos prácticos, en el mundo financiero es sabido que sólo aquel país que está en un gravísimo peligro de caer en una cesación de pagos puede acordar un préstamo con este altísimo nivel de intereses. Para que el lector tenga una idea más cabal de las diferencias, Brasil obtiene préstamos a una tasa que no es muy superior al 5% anual. Cristina Kirchner habrá sido consciente de su equivocación porque inmediatamente mandó comprar esos bonos aunque tuvo que pagarlos a un mayor valor. Parecería uno de esos “chistes de gallegos”. Vendemos algo por un peso y al día siguiente lo recompramos a uno con veinte.  Esta es sólo una muestra de los gruesos errores que los Kirchner cometieron durante sus cinco años de mandato.

En fin, se necesita mucha ineptitud para volver a hundir un país como la Argentina en una época en la que la suerte les permitió contar con altísimos precios en los productos que la nación está en condiciones de exportar en abundancia, y con una fuertísima devaluación internacional del dólar que ayudó notablemente a sostener el cambio monetario del peso hasta ahora.

Enrico Udenio

Autor de los ensayos “Corazón de derecha, discurso de izquierda”, Ugerman Ed., 2005; y “La hipocresía argentina”, LibrosEnRed Ed.,2008.

17 de agosto de 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA MONEDA DE DOS CARAS

Las audiencias públicas a Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi provocaron abundantes comentarios radiales, televisivos y gráficos. A los mencionados militares retirados se les imputaron diferentes delitos, entre ellos la aplicación de tormentos reiterados y homicidio calificado, en concurso real con el delito de genocidio, previsto por el Derecho Internacional. Un número importante de medios, a través de sus comentaristas y editoriales, ponderaron la aplicación de la justicia y la importancia de revisar el pasado, al tiempo que criticaron, o se refirieron de manera despectiva, a aquellos sectores de la población que manifestaron estar cansados de la sostenida mirada hacia el pasado, en lugar de una que encare hacia el futuro. 

 

No se trata de determinar si es correcto o no, conveniente o no, justo o no, ocuparnos del pasado. Estoy seguro de que la mayoría de la población considera correcta y positiva las condenas a los máximos responsables de las atrocidades cometidas durante la represión militar. Lo que, a mi entender, genera un problema para el país es el hecho de que, paralelamente, no se pene o no se castigue al terrorismo civil de aquellos años, en el cual incluyo al de la extrema derecha (Triple AAA) y al de la izquierda radical (Montoneros, ERP, por ejemplo).

Todos los que han denunciado esta anomalía han sido acusados en los medios de comunicación como “defensores de la represión militar” o, en el mejor de los casos, de querer poner en un mismo nivel de responsabilidad al terrorismo de Estado y a las organizaciones guerrilleras paramilitares. Nadie que sea mínimamente imparcial puede equiparar los asesinatos en masa generados desde el poder de un Estado con los cometidos por una organización subversiva que, al no tener esa protección, asume enormes riesgos en cada acción delictiva. Pero una cosa es la diferencia de responsabilidad que le cabe a cada parte y otra, muy diferente por cierto, es que mientras se pene a una se deje impune a la otra. Para equilibrar la diversidad de responsabilidades, la justicia cuenta con mecanismos tales como los diferentes niveles de condena y punición para cada sector o individuo.  

 

La actitud de poner las cosas en blanco o negro, o la de promocionar la política del “único enemigo”, parece ser una estrategia que oculta una finalidad: proteger a los ex guerrilleros pues, al no contemplar sus delitos como de lesa humanidad (en contraposición con lo que determinan las leyes internacionales), estos poseen un tiempo de prescripción que al cumplirse equivale, en la práctica, a una amnistía disfrazada.

Estoy bastante convencido de que esta construcción parcializada de la historia argentina acarreará secuelas desagradables para el futuro cuando, inevitablemente, cambien los vientos. Esto puede suceder no sólo por alguna reacción violenta que provenga de los sectores que hoy se sienten condenados por una justicia totalmente parcializada y politizada, según las propias palabras de los involucrados o los familiares de los mismos, sino que quedaremos expuestos ante los organismos internacionales como poseedores de una justicia errática que interpreta las leyes según el viento político que sopla en cada momento histórico. Es que los estatutos internacionales que reglamentan los delitos de lesa humanidad, no amparan la particular definición argentina que consiste en determinar que los delitos cometidos por las organizaciones civil-militares guerrilleras no son delitos de lesa humanidad por ser perpetrados por civiles sin el apoyo oficial de un estado.

 

Los crímenes de lesa humanidad

 

Estos delitos se determinaron por primera vez en la Carta del Tribunal de Nuremberg en 1945, y fueron reconocidos al año siguiente como parte del derecho internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 11 de noviembre de 1970, la Asamblea General establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. La Argentina adhiere a la misma en 1995 y adquiere jerarquía constitucional en agosto de 2003. Recién al aprobarse el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el 17 de julio de 1998, se definieron claramente cuáles eran.

 

EL Estatuto de Roma dice, en su artículo 7: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:” A continuación describe una serie de acciones como el asesinato, exterminio, etc. En el ítem (e) especifica: “Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”. En el (h): “Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional,(…)”. Y finalmente, por si hubiera algunas dudas sobre el carácter de los crímenes, el ítem (k) abarca: “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.   

 

En el párrafo 2 del mismo artículo 7, el estatuto aclara aún más ciertas expresiones, entre ellas las del ataque, la tortura y la desaparición forzada de personas: “(a) Por <ataque contra una población civil> se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”. “(e) Por <tortura> se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control;(…)”. ”(i) Por <desaparición forzada de personas> se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.

 

En su artículo 22, párrafo 2, el estatuto aclara que: “La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.”   

 

Para evitar algún tipo de confusión, el 1 de agosto de 2000, Amnesty International difundió un folleto en el que la Corte Penal Internacional aclaraba conceptos relacionados al enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad:

 

“En primer lugar, los actos que constituyan crímenes de lesa humanidad, como el asesinato, tienen que haber sido cometidos «como parte de un ataque generalizado o sistemático» (…).

En segundo lugar, tienen que ir dirigidos «contra una población civil». Los actos aislados o cometidos de manera dispersa o al azar que no llegan a ser crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de enjuiciamiento como tales. La presencia de soldados entre la población civil no basta para privar a ésta de su carácter civil.

En tercer lugar, tienen que haberse cometido de conformidad con «la política de un Estado o de una organización». Por consiguiente, pueden cometerlos agentes del Estado o personas que actúen a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, como los «escuadrones de la muerte». Asimismo, pueden ser cometidos de conformidad con la política de organizaciones sin relación con el gobierno, como los grupos rebeldes”.

 

 

 La particular interpretación argentina

 

El principal fundamento que utilizó la justicia argentina para desvincular a la violencia emanada desde la guerrilla con el Estatuto de Roma, fue que los atentados no eran parte de un ataque generalizado o sistemático; que no estaban dirigidos contra una población civil; y que no tenían el apoyo de un Estado.

Esto peca, lo menos, de una parcialidad de interpretación, pues todos aquellos que vivimos esa época (desde fines de la década del 60’ hasta principios de los 80’) sin estar comprometidos con ninguno de los bandos en pugna, podríamos llegar a interpretar otra cosa:  

 

* Los atentados terroristas eran constantes y se ajustaban a una ideología o sistema político determinado por principios rígidos (por un lado la revolución socialista y por otro la defensa ante la infiltración marxista, según el bando al que perteneciera el paramilitar). Esto determina su sistematización. 

 

* Eran generalizados, pues no discriminaban zonas geográficas y no iban dirigidos sólo contra los militares en actividad. Otras fuerzas de seguridad como la policía y gendarmería, así como civiles (políticos, sindicalistas, periodistas e intelectuales varios), sufrieron la pérdida de su vida o heridas de consideración por atentados de esas organizaciones civiles, tanto por parte de las de derecha como de las de izquierda.

La determinación que tomó la justicia argentina al definir que los atentados guerrilleros no estaban dirigidos contra la población civil está rebatida por dos hechos muy contundentes: el primero, que el 30% de los muertos fueron civiles, lo que deja sin  relevancia a la “intención” que pudieron haber tenido los atacantes. El resultado final se encuadra en la declaración de la Corte Internacional del año 2000 sobre que “La presencia de soldados entre la población civil no basta para privar a ésta de su carácter civil”. Es esta aclaración la que anula el argumento de los violentos que promueven la idea de que un “buen fin” justifica cualquier medio en su intento por conseguirlo y que los daños “civiles” forman parte de esa brutal filosofía que ampara los “daños colaterales”. 

 

* Finalmente, la vinculación que hicieron los jueces argentinos entre los crímenes de lesa humanidad y la participación del Estado, contiene dos falacias: la primera, que la Corte Internacional aclaró debidamente que “Asimismo, pueden ser cometidos de conformidad con la política de organizaciones sin relación con el gobierno, como los grupos rebeldes”; la segunda, que hay abundantes pruebas y testimonios de los mismos guerrilleros sobre el apoyo económico, estratégico, político y, especialmente, militar, que recibieron de terceros países, en el caso de la guerrilla de extrema izquierda; o del mismo Estado argentino, en el caso de la de la extrema derecha.

 

Del análisis que surge de la Carta de Nûremberg, del Estatuto de Roma, y de la declaración de la Corte Internacional del 2000, queda muy claro que los delitos cometidos por la dictadura militar durante la década del 70, son crímenes de lesa humanidad y sus máximos responsables deben ser castigados con las más severas penas posibles.

De la misma manera, queda también claro que los cometidos por las organizaciones parapoliciales de la extrema derecha (la Triple AAA) durante el gobierno constitucional de 1973 a 1976, así como todos los atentados causados, desde el año 1968 en adelante, por las organizaciones paramilitares de la extrema izquierda marxista y peronista (Montoneros y ERP, principalmente) en los que la población civil fue víctima inocente de la lucha por el poder, deben ser considerados crímenes de lesa humanidad y sus máximos responsables castigados con las penas que correspondan a cada caso. Esto, por supuesto, si es que queremos tener en la Argentina una justicia que sea independiente del poder de turno y que aplique sus sentencias en orden a las leyes, en lugar de acomodarlas a las innovadoras interpretaciones que los creativos abogados argentinos son capaces de inventar.

 

La teoría del único demonio

 

La sociedad argentina vive, desde hace muchos años, un entredicho con relación a la lucha que hubo entre el terrorismo de la guerrilla marxista y el terrorismo de Estado, durante los gobiernos democráticos de Juan Perón, Isabel Perón y la posterior dictadura militar. Un grupo señala a la sangrienta e ilegal represión militar como el único “demonio” de esa lucha, mientras que el otro sector opina que se trató de dos “demonios” pues ambos bandos (los militares y los guerrilleros) utilizaron el terror como medio para el logro de sus fines. 

 

Más allá de que, según mi opinión, el terrorismo en manos del Estado ha sido siempre más abominable que el de la insurgencia civil, no se puede exculpar a esta última de su similar responsabilidad en el hecho. Este tipo de contradicción es casi inexistente en los países más desarrollados cuyas poblaciones viven más preocupadas por su futuro que por su pasado. Un ejemplo lo tenemos en la España socialista de Felipe Gonzalez, la cual no entronizó a los republicanos socialistas en contraposición a la facción fascista de Franco durante la guerra civil española. Eran concientes de que las atrocidades realizadas por unos no le iban en zaga a la de los otros. 

 

 

En Argentina, en cambio, una buena parte de la población tiende a estigmatizar a una sola de las partes de cualquier conflicto. Sea esto motivado por un pensamiento, sentimiento, creencia o estrategia, el hecho de sostener que una de las partes involucradas en una disputa cualquiera (personal, afectiva, política, económica, bélica, etc.) deba asumir la posición de única culpabilidad, muestra un brutal desconocimiento de la esencia del ser humano. Cada hombre inmerso en una confrontación es como una moneda de dos caras y no solo una cara de la moneda.

 

Enrico Udenio

Autor de los libros “Corazón de derecha, discurso de izquierda”, Ugerman Ed., 2005; y “La hipocresía argentina”, LibrosEnRed Ed.,2008.

10 de agosto 2008

SI HAY MISERIA, QUE NO SE NOTE

Nasrudín echaba puñados de migajas alrededor de su casa, cuando alguien le preguntó:

-  ¿Qué está haciendo?

-   Mantengo alejado a los tigres.

-   Pero si no hay tigres en estos lugares.

-  Cierto. ¿Es efectivo, verdad?

De “El idiota absoluto”, de las “Enseñanzas de Nasrudin”, Bokharan, MS., 1617

 

Con las declaraciones que la presidenta Cristina K emitió en su primera conferencia de prensa, la sociedad está comenzando a concientizar que los KK no cambiarán en nada su forma de gobernar. Los últimos acontecimientos muestran al matrimonio presidencial más irritado, autista, sin admitir errores ni soportar la reciente derrota parlamentaria. El ansia de venganza  los obnubila y persisten en su actitud de considerar como una rendición al hecho de aplicar la racionalidad política con aquel que piensa diferente.

En mi nota del 20 de julio pasado publicado en este blog bajo el titular “Una profecía auto-cumplida”, escribí: “Es imposible pensar que exista una Cristina Fernández políticamente diferente a su marido Néstor Kirchner. En un matrimonio en el que la política es un tema de muy poca relevancia, es probable que ambos miembros de la pareja puedan tener diferentes ideologías sin que esto genere conflictos. Pero en el caso de los Kirchner, en el que la ideología y el poder político han sido los factores más importantes de sus vidas, es impensable considerar que uno pueda llegar a ser diferente al otro.”

La pretensión de que cambien sus formas de hacer y pensar la política es de improbable satisfacción. Desde que Néstor Kirchner obtuvo en 1987 la intendencia en Río Gallegos, han ganado toda elección a la que se han presentado. ¿Por qué cambiar, entonces?

Aunque Cristina de señales de mucha habilidad oratoria, ambos miembros del matrimonio son intelectualmente limitados. Desde el lugar del poder ejecutivo, tanto provincial como nacional, nunca habían dado conferencias de prensa libres porque ninguno de los dos estaba dispuesto a soportar preguntas inquisitivas o cuestionadoras respecto de su gestión, ni estaban preparados para contestarlas con inteligencia y conocimiento, aunque sí con astucia política. Caso contrario, las hubieran llevado a cabo. Ayer, seguramente motivada por el pronunciado descenso de su imagen en las encuestas, y probablemente en un intento de mostrar algún tipo de cambio, Cristina K. enfrentó por primera vez a la prensa pero condicionándola a una sola pregunta por periodista anulando, por lo tanto, el derecho a una réplica o repregunta posible. Esto dio la posibilidad de que la presidenta contestara con largos y evasivos discursos, salpicados con constantes reproches hacia aquellos “que pensaban distinto” aunque aclarando que, por ello, no dejaba de “respetarlos”, y falseando conceptos y cifras sin que se pudieran rebatir los datos. Para no extenderme demasiado citaré sólo algunos ejemplos de ello:

·        Aseguró que durante el último medio año la inversión externa había llegado a los 13 mil millones de dólares cuando fue de sólo 5.487 millones.

·        Sugirió que “los sistemas de medición siempre presentan dudas en todas las sociedades y en todas las economías” (cuando esto no es para nada cierto), en un pueril intento de demostrar que el INDEC no falsea datos cuando todos hemos podido comprobar que sí lo hace.

·        Describió que había números que mostraban que, desde 2003 en adelante y comparándolos con los gobiernos anteriores, fueron ellos los que habían enviado el mayor caudal de dinero por la coparticipación a las provincias, sin aclarar que se trataba de pesos nominales porque medido a valores constantes sería considerablemente menor.

·        Mediante un juego de palabras dio a entender que la construcción del tren bala no le costaría “un solo centavo” al Estado, cuando en la licitación está claramente expresado que la financiación se pagará con un bono del Estado, el que no sólo deberá abonarse a su vencimiento, sino que también devengará intereses.

·        Justificó la permanencia de los “superpoderes” otorgados al poder ejecutivo, cuando ella, en su etapa como legisladora, siempre estuvo en contra (o incluso se abstuvo cuando la Cámara los votó siendo presidente su marido).

·        Disfrazó su incapacidad en llegar a un acuerdo por la deuda con El Club de París, con el discurso –agotado ideológicamente- de que “cualquier proceso de renegociación debe dar al país la posibilidad de seguir creciendo”, cuando cualquier economista conoce que es justamente el <no acuerdo> lo que está imposibilitando a los gobiernos –nacional y provinciales- la obtención de los créditos indispensables para tener esas posibilidades de “seguir creciendo”.   

·        Sugirió la existencia de inversiones de capital: “Estoy recibiendo todos los días a empresas que quieren radicarse en la Argentina”. Los números del Banco Central muestran que desde el año 2006 en adelante, está saliendo del país una mayor cantidad de capital que la que ingresa. El último año superó, incluso, a la cifra del 2001. Esto, en cualquier idioma, significa que en el país se está produciendo una desinversión.

De todos modos, no deja de ser valorable el hecho de que desde el atril del poder, un K enfrentara por primera vez las preguntas de la prensa, aunque hayan sido dirigidas con el dedo (por supuesto,  medios opositores, como es el caso de Perfil,  no fueron elegidos a la hora de preguntar).

Creo que la suerte política está echada para ellos, aunque aun detenten un alto nivel de aceptación positiva, en especial por parte de un sector del sindicalismo, sectores poblacionales del conurbano bonaerense, y sectores de izquierda ligados emocionalmente a la reivindicación del proyecto revolucionario de los años 70.

Quizás su final sean las elecciones del 2009 o las del 2011, puede dudarse de la fecha pero no de los resultados. Han perdido el apoyo popular con el cual contaban, incluso el de gran parte del autollamado progresismo que ha comenzado a abandonarlos, desorientado y desilusionado por la cada vez mayor alianza de Néstor K. con el sindicalismo mussoliniano representado por Moyano, más la actitud autoritaria y el doble discurso del matrimonio. Probablemente el socialista y gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, sea el próximo receptor de esos votos.

Sin cambiar fondo y forma, los KK no podrán evitar que la inflación continúe o que siga aumentando la pobreza en el país. No servirán los controles de los precios para evitar la inflación, las retenciones aduaneras para acumular la caja que necesitan para pagar deudas y subsidios, ni el usual discurso de echarle la culpa de todos los males a vaya saber qué mano negra. Sin un cambio por parte de nuestros gobernantes, no aparecerán las inversiones para corregir el rumbo.

Y ellos no pueden cambiar, porque todo lo que hicieron hasta ahora es lo único que demostraron que sabían hacer desde que ascendieron al poder en su provincia: gobernar desde el atril. Esto nos obliga a pensar en cómo será la Argentina post-Kirchner y en cómo debemos prepararnos para afrontarla.

 

Enrico Udenio

3 de agosto de 2008

Autor de los ensayos “Corazón de derecha, discurso de izquierda”, Ugerman Editor, 2005; y “La hipocresía argentina”, Ediciones Librosenred, 2008.