“Vemos las cosas, no como son, sino como somos.”
Henry Major Tomlinson (1873-1958), novelista inglés, periodista y corresponsal de guerra.
Diez días atrás, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la liberación de Astiz y otros ex marinos procesados por las causas de la ESMA. La decisión judicial se basó en que la ley indica que por ningún motivo se puede mantener presa a una persona por más de tres años si no existe una condena en firme en su contra. Los acusados ya llevan más de cinco años detenidos y aún no fueron sometidos a juicio.
La liberación se suspendió provisoriamente porque el fiscal apeló la medida, y está ahora en curso su resolución.
Inmediatamente se alzaron voces desacreditando a los jueces involucrados cuando, en realidad, ellos resolvieron conforme a la aplicación de una doctrina penal vigente en todo el mundo, dictando una sentencia perfectamente fundada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy enfática sobre el tema y la legislación no prevé que esto se modifique en función de la gravedad del delito. Esta Corte tiene jerarquía constitucional en la Argentina y un juez que no la aplique puede ser sometido a juicio político.
El escándalo que se produjo, a partir de esta resolución judicial, permitió conocer el proyecto de ley que la Unión Cívica Radical había presentado en el Congreso Nacional en mayo del 2007. El mismo determinaba reglas especiales de procedimiento que permitían agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad para evitar, justamente, que se produjera lo que finalmente sucedió. Pero, por desgracia, este proyecto nunca quiso ser tratado por el kirchnerismo. El oficialismo lo desestimó para no darle a la UCR un protagonismo en la política de derechos humanos.
Al día siguiente de la decisión judicial, Cristina Kirchner intentó ocultar su responsabilidad al expresar que era “un día de vergüenza para los argentinos, para la humanidad y también para nuestro Poder Judicial”, cuando en realidad, se trató de un episodio vergonzoso para el justicialismo y para su investidura presidencial. El haber desestimado el proyecto radical delató que al oficialismo le importaba más la figuración política que las causas judiciales en sí mismas.
A Hebe de Bonafini parecería no interesarle el cumplimiento de las leyes si las decisiones judiciales no concuerdan con sus deseos y preferencias ideológicas.
A los pocos días, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, entidad que por su constante proselitismo evidencia contar con fondos millonarios, empapeló una parte de la ciudad acusando a los jueces de corruptos y otras yerbas pero sin hacer ninguna mención hacia los verdaderos responsables de la sentencia judicial: el matrimonio presidencial Kirchner.
Inmersa en una aparente ceguera emocional, a Hebe de Bonafini parecería no interesarle el cumplimiento de las leyes si las decisiones judiciales no concuerdan con sus deseos y preferencias ideológicas.
Como la contracara de esta postura, algunos diarios publicaron en su sección deportiva la noticia de que el volante del club Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se había negado a que le condonen la amonestación que sufrió en un partido de fútbol. La pena la recibió cuando metió un gol ante el equipo de San Lorenzo y lo festejó levantándose la camiseta por sobre su cabeza para dejar al descubierto una remera con una leyenda de homenaje al recientemente fallecido presidente del club boquense, Pedro Pompilio. La AFA habría considerado la posibilidad de dejar nula esa amonestación en consideración al carácter emotivo que contenía esa acción.
Si tomamos como cierta esta noticia, nos encontramos ante el hecho de que un simple jugador de fútbol estaría dando a la sociedad un ejemplo de comportamiento civil: Más allá de lo loable de su intención, la infracción existió y, por lo tanto, debe ser penada.
En una Argentina constantemente transgresora, la acción de Riquelme es verdaderamente aleccionadora.
¿LEGAL O LEGÍTIMO?
Aunque la ley no lo permite, algunas voces intentaron defender el mantenimiento de la prisión preventiva de los represores militares aduciendo que sería ilegítimo o inmoral darles la libertad.
Está muy arraigada en la cultura argentina la confusión entre lo legal y lo legítimo.
Es toda una polémica en la cual se mezclan los conceptos legales de la justicia con los referidos a la ética, la moral, los derechos humanos y las creencias e intereses de una población.
El diccionario nos dice que la palabra “legal” refiere a lo establecido por las leyes vigentes; y lo “legítimo”, también a algo que es conforme a la ley pero que permite un poco más de amplitud de criterio al incorporar la referencia con las cosas ciertas, genuinas y verdaderas.
Si bien desde su propia definición, lo legítimo detenta un primer grado de dependencia hacia la legalidad formal (de por sí, es legítimo todo aquello que cumple con los preceptos de las leyes), en Argentina se lo ha planteado ubicando el término “legítimo” en un mismo nivel de valor que el concepto de lo legal.
Esta particular situación profundizó la confusión existente con relación al cumplimiento de las leyes, pues estas conllevan un marco administrativo formal en el cual las interpretaciones personales están bastante limitadas por la explicitud de los textos, mientras que lo “legítimo o ilegítimo” se nutre no sólo de las leyes sino también de las creencias, la moral, la cultura y las políticas socio-económicas, que hacen que un mismo hecho pueda percibirse igual o diferente según el caso y las circunstancias del momento.
Las interpretaciones sobre lo “legítimo o ilegítimo” hacen que un mismo hecho pueda percibirse igual o diferente según el caso y las circunstancias del momento.
Considerar entonces, que un hecho aceptado por las leyes vigentes pero evaluado por un sector de la sociedad como injusto, inmoral, falto de ética u otras calificaciones similares, sea por ello, ilegal o ilegítimo, es un concepto que no solo podría estar equivocado en su misión de hacer justicia sino que, además, significaría la ausencia del necesario respeto que se debería tener hacia las creencias diferentes, que por lógica existen en toda población. Sería algo así como si los argentinos juzgaran de ilegítima, por considerarla injusta, la posición social de la mujer o la prohibición de beber bebidas alcohólicas en la mayoría de los países árabes; o violatorio de los derechos humanos la dificultad legal de tener más de un hijo en China; o la aceptación del aborto en Dinamarca. Está claro que son posturas legítimas porque así lo determinan las leyes y reglamentaciones en esos países que, por otra parte, son sin duda alguna, una resultante de las creencias mayoritarias, la cultura y la política existente en esas naciones.
En contra de este concepto filosófico de legitimidad se asientan muchas de las definiciones que los argentinos tienen acerca de diferentes temas (deuda externa, inversiones, formas de manifestaciones populares, reclamos, piquetes, entre muchos tópicos), que son evaluados como legítimos o ilegítimos con argumentaciones vividas como “reales, objetivas, lógicas y verdaderas”, sin tomar demasiado en cuenta lo que efectivamente determinan las leyes que rigen el comportamiento social de los habitantes de una nación.
La dificultad para discriminar estos conceptos quizás resida en el hecho de que Argentina ha sido un país que ha cambiado en forma continua sus reglas de convivencia.
Los conceptos de base que generaron oportunamente la implementación del texto constitucional, las leyes y sus reglamentaciones, son modificados a diario o vulnerados con “chicanas interpretativas”.
Estas constantes transgresiones permitieron incorporar al bagaje de las creencias de la población, una actitud de poco respeto al orden previamente establecido o, peor aún, la legitimación de la idea de que cada uno puede hacer su propia interpretación de las leyes.
Entonces, el factor de subjetividad que implica cada creencia vence con holgura al de la relativa objetividad marcada por la ley formal. Si el hecho no concuerda con los deseos personales o pensamientos preconcebidos del que lo juzga, lo emocional cubre cualquier posibilidad de enfrentarlo con una mayor ecuanimidad.
¿Es posible construir una sociedad exitosa relativizando el cumplimiento de sus premisas básicas?
La mayoría de las naciones hoy desarrolladas tienen constituciones mucho más sencillas que la argentina. Esta situación disminuye los riesgos de interpretación y de colisión de derechos.
Las leyes responden a las necesidades y creencias de sus poblaciones. Se van modificando según los cambios de vida que se producen a través del tiempo y por las presiones que la misma sociedad va ejerciendo sobre sus gobernantes. Mientras estos cambios se suceden, estas sociedades respetan el orden legal establecido por sobre los considerantes de legitimidad o ilegitimidad que subjetivamente cada uno pueda evaluar. Es el factor clave que regula la convivencia entre sus habitantes y permite promover políticas de desarrollo sustentable a través del tiempo.
Por lo contrario, de manera paradójica, los gobernantes argentinos y su población se han encargado de quebrar, sistemáticamente, los principios básicos –representados por las leyes vigentes- que sostienen la estructura de este sistema.
De esta reflexión surge una pregunta: ¿es posible construir una sociedad exitosa relativizando el cumplimiento de sus premisas básicas?
Como pueblo, hemos sido condescendientes con nosotros mismos hasta el hastío, buscando continuamente argumentos o explicaciones que justifiquen la recurrente tendencia a quebrar la mayoría de las normas legales y de convivencia que rigen en nuestro país. Entonces, las más de las veces convertimos nuestras transgresiones y delitos en acciones justicieras o revolucionarias mientras que los “malos” pasan a ser siempre “los otros”.
No importan las buenas intenciones que pueda tener un gobernante, o qué política económica se organice, o cuántos subsidios sociales se promuevan. La realidad que imponen las estructuras comunitarias de una nación nos indica que si no podemos contar con una Constitución que se respete ni con leyes formales que se cumplan, las patotas organizadas –de derecha o izquierda da lo mismo- seguirán asaltando continuamente el poder sumiendo al pueblo en una constante frustración, desorientación y desesperanza.
Sería un hecho extraordinario si el año 2009 da comienzo a un período fundacional para el país al obligar, y obligarnos, a respetar el orden establecido por la Constitución, las leyes y las reglamentaciones argentinas.
Enrico Udenio
Autor de “Corazón de derecha, discurso de izquierda”, Ugerman Ed.(2004); y “La hipocresía argentina”, Ed.DeLaRed, 2008.
31 de diciembre 2008
