LA CALDERA QUE ALIMENTA EL ODIO

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En mi nota anterior (“La violencia que ahuyenta inversiones”), expresaba que la violencia ya está instalada en la Argentina. Decía que tenía muchas y variadas formas de ejercerse pero que limitándome a aquella violencia que, específicamente, ahuyentaba las inversiones en la Argentina, destacaba tres claros exponentes: 1) La privación al libre tránsito (del que me ocupé en la nota mencionada); 2) La complicidad del Estado Nacional; y 3) La extorsión y la amenaza; de cuyas características escribiré en este artículo dando por finalizada la serie de notas relacionadas con la desinversión que el país sufre desde hace años.

La complicidad del Estado nacional

“El hombre que ignora si al día siguiente llevará un trozo de pan a su hogar, qué será de él y los suyos si dura la desocupación y la enfermedad, el hombre que se siente aislado ante el duro existir de una sociedad sin piedad (…) entregará su libertad a los regímenes totalitarios a cambio de la eliminación de esas incertidumbres”. Moisés Lebensohn (1907-1953). Abogado, periodista y político argentino. Uno de los ideólogos más importantes de la Unión Cívica Radical.

Organizaciones autodenominadas sociales representan la tropa de combate del actual Estado nacional, al que muchos califican como fascista pero que, en mi opinión, le queda grande esa condición. Creo más bien que el actual Gobierno ha generado una parodia del fascismo pues, además de dañar al Estado de Derecho, parecería que se burla de él.

Su poder se expande gracias a la constante prórroga de la ley de emergencia económica, mediante la cual, pueden disponer de millonarias sumas de dinero que manejan a discreción y que se sospecha sirven para doblegar opositores, enriquecer a políticos, dirigentes y sindicalistas, y sostener actividades extorsivas o, incluso, insurgentes. 

La semana pasada, la ya tristemente célebre organización “Túpac Amaru”, liderada por la jujeña Milagros Sala, emitía un comunicado de prensa, con relación a la campaña contra la violencia, que decía textualmente: “Esta campaña está claramente orquestada y dirigida a horadar dos pilares construidos por la sociedad y sostenidos por este gobierno: el primer pilar es la no represión de la protesta social y el segundo, el avance en el campo de los derechos humanos. Además identificamos como uno de sus objetivos principales el ataque a todo atisbo de organización popular con el fin de impedir una justa distribución de la riqueza”.

Con este tipo de discurso, los piqueteros, las barras bravas, las organizaciones sociales y barriales de todo tipo intentan legitimizar su accionar cuando, en realidad, sobre la base de la protesta por el desempleo y la pobreza existente, ostentan un poder sin legitimidad constitucional que se ejerce mediante la fuerza del atropello, la prepotencia, la extorsión y la ocupación a la fuerza de los espacios públicos y privados. Lo paradójico es que actúan como si el gobierno – que en cualquier nación sería el principal responsable de los índices de riqueza y pobreza- estuviera en otras manos en lugar de las del matrimonio Kirchner.

Colaborando con la construcción de esta irrealidad, el gobierno alienta ésta violencia como si no tuviera nada que ver con el estado de miseria en el que están sumidos esos mismos sectores. Lo hace agrediendo de palabra o de hecho a todo aquello que huela a oposición. A veces este agresivo proceder lo ejecutan los propios funcionarios del gobierno, otras veces, sus organizaciones de choque, al estilo de un estado fascista. Pero más allá de las agresiones en sí mismas, hay procederes del Poder Ejecutivo que, por su nivel de irresponsabilidad, dejan perplejos a los analistas nacionales y extranjeros, cuyas opiniones dan la vuelta al mundo con el consiguiente daño a la imagen del país.

Los ejemplos abundan: ¿Cómo se le ocurre a la presidenta Cristina de Kirchner abrazar y solidarizarse con Milagros Sala pocos días después que la organización jujeña, liderada por esta mujer, agrediera de palabra y físicamente al senador Gerardo Morales, presidente del partido político más importante después del peronismo? ¿Qué mensaje se da a la sociedad cuando un presidente premia una agresión semejante? No es justamente la de una embajadora de la armonía. Con su actitud, siembra violencia y cosechará, como no puede ser de otra manera, más violencia. 

¿Cómo es que  no son conscientes los funcionarios nacionales sobre el modelo que transmiten a través de un Secretario de Comercio como Guillermo Moreno, que atiende a los empresarios con dos enormes matones parados bien firmes a sus costados, y una pistola exhibida sobre el escritorio? Y de esto doy total fe porque el dueño de una empresa a la que asesoro me explicó al detalle su increíble encuentro con este matón al servicio de los Kirchner. ¿Cómo alguien puede llegar a pensar que estas actitudes son inocuas para la cultura del país y para las inversiones productivas?

Los defensores de la ilegalidad y la violencia

 “Uno llama sabiduría a lo que otro denomina miedo; y uno crueldad a lo que otro cree justicia” Thomas Hobbes, 1588-1679), filósofo y pensador político inglés, de teorías naturalistas. Su libro más conocido, “Leviatán” (1651) es una exposición de su doctrina de la soberanía  y una de las obras de la historia de la humanidad a la que el mundo contemporáneo hace más referencia.

No obstante la lógica que tiene la definición de acatar la Constitución y las leyes en beneficio de una comunidad, en muchos casos, el mero intento de imponer autoridad está mal visto por amplios sectores políticos y por los organismos de los DDHH.

En este renglón caben numerosas y prestigiosas personas, como es el caso –al sólo efecto de citar un ejemplo- del premio nobel de la paz Pérez Esquivel que días atrás cuestionó a tres figuras famosas del espectáculo, Susana Giménez, Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli, quienes  durante las últimas semanas expusieron abiertamente su rechazo a ese tipo de violencia. Pérez Esquivel dijo: “Están cansados y temerosos de que los pobres corten rutas, avenidas, y generen el caos ciudadano; están hartos de piqueteros que reclaman trabajo y seguridad para su familia y la comunidad”. Además, Esquivel les cuestionó el hecho de no haber reaccionado cuando la Sociedad Rural y la Federación Agraria pararon el campo durante cuatro meses “para desestabilizar y condicionar al gobierno”. “A los pregoneros que pretenden imponer la represión hay que decirles que son caminos de autoritarismo y regímenes dictatoriales que ha sufrido el país y el continente”, exigió.

En realidad, un análisis un poco más profundo de los dichos de Esquivel, deja en evidencia que califica de “insensibles” a todos aquellos que quieren hacer cumplir la ley a costa de “los pobres que reclaman trabajo y seguridad”, mientras que critica la misma metodología utilizada por los trabajadores del campo (al que groseramente calificó en otras ocasiones como oligarcas) delatando su partidismo favorable a los Kirchner cuando juzga que el campo quería “desestabilizar y condicionar al gobierno” ignorando ex profeso los derechos de éstos a defender sus legítimos intereses.

Tanto Pérez Esquivel como casi todas las otras personas que con sus palabras buscan legitimar las acciones ilegales de esas organizaciones de movilización agresiva, conocen a la perfección el concepto de que las leyes están diseñadas y legisladas pensando en las mayorías y son producto de la cultura y la ética de cada lugar. Sería muy injusto hacer padecer a 80 personas para complacer a sólo 20. Esta idea marca la convivencia entre los seres humanos. La ley debe atravesar a todos por igual. Se debe imponer por sobre los deseos, intereses y voluntades personales de cada uno. Por lo tanto, los hombres deben someterse a esas leyes que determinan lo que se debe o no se debe hacer en una sociedad cuando las acciones de uno inciden en las de los demás.

Pero los defensores de esa modalidad de protesta evalúan que las leyes no deben aplicarse a esa minoría argumentando que, por su condición social e ideológica, no tiene otra manera de protestar. Aunque, probablemente, no se lo propongan, con su discurso promueven la intolerancia, la descalificación y el insulto, tanto sea hacia la autoridad como hacia cualquiera que piense de manera diferente y pretenda una sociedad más respetuosa del cumplimiento de las leyes. Convierten a un adversario en un enemigo, por lo que, entonces, anulan toda posibilidad de diálogo y consenso democrático. 

La extorsión y la amenaza

“Puedes conseguir mucho más con una palabra amable y una pistola de lo que puedes conseguir con sólo una palabra amable.” Al Capone (1899-1947). Famoso mafioso estadounidense.

Los cortes de calle son una forma de extorsionar a la población en general pero este país ha generado otra forma de extorsión que es enormemente más dañina en términos de inversiones productivas. Se trata de las extorsiones y amenazas puntuales apoyadas por el gobierno nacional. Abundan los ejemplos en este ítem: el impedir el ingreso y egreso de los trabajadores, clientes y proveedores de una empresa, amenazar con violencia física, no transferir dinero a una provincia salvo que sus legisladores apoyen las políticas del Gobierno nacional, son algunas de las más dañinas formas extorsivas que, principalmente, desde la asunción de Néstor Kirchner en el 2003, se han popularizado en el país.

El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, fue uno de los primeros que comenzaron a utilizar esta modalidad mafiosa (fue inventada por la mafia napolitana a principios del siglo pasado) pero ha sido un “modus operandis” del matrimonio presidencial.

En oposición a lo que las leyes sindicales determinaban, Moyano logró, a través de la extorsión y las amenazas, cooptar para su sindicato de camioneros un numeroso contingente de operarios que pertenecían al gremio de comercio.

El matrimonio Kirchner, en el proceso de ejecución de esas maniobras extorsivas y las concretas amenazas que realizan contra sus “enemigos”, utilizó al Estado para sus fines partidarios. Expanden la confusión entre Estado, gobierno y partido. Es la deserción del Estado de sus funciones básicas.

El sociólogo Eduardo Fidanza (1) escribió al respecto: “Hace 20 años nuestra clase dirigente discute si el estado debe intervenir activamente en la economía o debe limitarse a garantizar servicios esenciales, como salud, educación, seguridad, justicia y defensa. Pues bien, tuvimos una década para cada posición; al cabo, el Estado sigue demostrando ser un pésimo administrador de empresas y un ente fracasado para asegurar los bienes públicos. La gente sufre cada día la ausencia del Estado. Se siente desprotegida. Intentemos convencerla de que no se repliegue, de que no se enfurezca, de que no se deprima, de que no se asuste o de que no recurra a medios ilegales para alcanzar sus objetivos. Será inútil: dirán, cómo se dice en la calle, “<no nos queda otra>”.

Las constantes mentiras, algunas de ellas descaradas como son los casos de los índices del INDEC y las candidaturas testimoniales, se convierten en violencia cuando la población se siente burdamente engañada.

La prepotencia y sordera de los Kirchner golpea a esa mayoría de ciudadanos que votaron mayoritariamente el 28 de junio pasado quitándole al oficialismo la mayoría parlamentaria cuando el matrimonio presidencial impone en tiempo record leyes a su antojo comprando voluntades con dinero, (hecho totalmente comprobado por la confesión abierta de números legisladores), así como su constante diatriba contra todo aquello que huele a oposición. Esta actitud, como ninguna otra, ha generado una sociedad argentina crispada e intolerante. Esto reviste gravedad, porque las democracias se deterioran con su desorganización y cuando esto sucede, aparecen las visiones totalitarias.

La caldera que alimenta el odio

Sin inversiones genuinas estamos viviendo a diario el aumento de los índices reales de pobreza, indigencia, mortalidad infantil y otros indicadores sociales similares. Cuando el Gobierno nacional se desentiende de las pautas básicas que necesitan los capitales para invertir en el país, se incrementa la desigualdad, se generan resentimientos, frustración y violencia. La sociedad se divide: de un lado, los que pueden mantener una vida digna, del otro, los que no poseen nada y no tienen esperanza de mejorar. Esta es una caldera que alimenta el odio. “Los argentinos siguen muriéndose cada día de pobreza o de violencia” afirma Fidanza (1.)

Esta frase la relaciono con una nota escrita en septiembre del 2007 por la socialista catalana Pilar Rahola: “A Argentina le pesa tanto el pasado, que a veces parece que habita en él (…) Un pasado, además, mirado con ojo tuerto, donde los dictadores y sus cómplices reciben el legítimo repudio y lentamente van pisando los suelos de la justicia; pero cuyos terroristas son considerados héroes del pueblo. Héroes. Lacra de toda Latinoamérica y no sólo de Argentina, la actitud de una parte del espectro social, que minimiza, justifica e incluso avala el terrorismo, es un penoso síntoma del relativismo ético que practican muchos líderes de izquierdas, hasta el punto de no conmoverse ni con la muerte masiva. Ahí está, para vergüenza de Argentina y para vergüenza de la humanidad, el brindis que Hebe de Bonafini -la antigua presidenta de las Madres de Mayo- hizo, celebrando el atentado del 11-S. Un total de 4.000 muertos, 4.000 personas con sus vidas, sus esperanzas, sus ilusiones, convertidas en humo en manos del terror, y la risa de Bonafini bendiciendo la matanza. Y su famoso ¡Viva ETA! En la España que la había invitado y aún lloraba la muerte de Ernest Lluch.

Hebe representa el paradigma de una izquierda violenta, revanchista hasta la locura, inequívocamente reaccionaria. Sin embargo, ¿es ella lo alarmante?

Al fin y al cabo, personajes como Hebe o como otros que pululan por el continente (…) No. Lo alarmante es que el día después del brindis de muerte, las Hebes continúen teniendo micrófonos, vida social activa, miles de pesos de ayuda pública y hasta el aval institucional. “Todos somos hijos de Hebe”, me aseguran que dijo Néstor Kirchner. Sobran palabras…

Eso es el relativismo ético, ésa es la quiebra de valores que, con angustiosa naturalidad, se puede respirar en la Argentina que avala determinado progresismo. En esa Argentina, y en alguna de las Españas… Como dijo el sabio, “habrá que defenderse de una derecha muy diestra, y de una izquierda muy siniestra”.

Han pasado más de dos años desde estas afirmaciones y, aún hoy, continúan teniendo vigencia.

Enrico Udenio

28 de noviembre de 2009

(1)  Eduardo Fidanza, Sociólogo, director de la consultora Poliarquía. en una nota publicada en el diario La Nación el 19-nov-2009

LA VIOLENCIA QUE AHUYENTA INVERSIONES

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El estudio de la economía indica que para que un país pueda eliminar la indigencia, reducir la pobreza y los conflictos laborales, tiene que crear puestos de trabajo con remuneraciones adecuadas y posibilidad de crecimiento.

En el sistema capitalista, para crear una demanda de trabajo se requieren no sólo inversiones, sino que éstas sean competitivas. Es decir, que no surjan al amparo de privilegios, restricciones a la competencia, o como producto de negociados personales con funcionarios de turno.

Para que hayan inversiones competitivas tienen que: 1) respetarse los derechos de propiedad; 2) mantener por largo tiempo las reglas de juego comercial e industrial; 3) confiar en las estadísticas y datos que deben guiar esas inversiones; y 4) controlar la violencia política y social que estorban el desarrollo del mercado. Si no se cumplen estas cuatro premisas, el dinero huye y el país involuciona o, en el mejor de los casos, se estanca su desarrollo.

En las tres notas anteriores sobe el tema de las inversiones (“Gastar más de lo que se tiene”; Las violaciones al derecho de propiedad”; y “La imprevisibilidad política y económica”) me ocupé de los primeros tres ítems. Ahora, me referiré al último.

La violencia está instalada en la Argentina. Tiene muchas y variadas formas de ejercerse. Desde las más simples, como son la agresión física, la delincuencia y el atentado contra la integridad o la vida de las personas, hasta las más complejas, como la prepotencia, las extorsiones, los insultos, el acoso, la falta de respeto a los derechos del prójimo, el obrar con fuerza y brusquedad desmedida.

Limitándome a aquella violencia que, específicamente, ahuyenta las inversiones en la Argentina,  destaco tres claros exponentes: 1) La privación al libre tránsito; 2) La complicidad del Estado Nacional; y 3) La extorsión y la amenaza.

En esta nota, me dedicaré a analizar el primero de los temas.

Como sabemos, el ser humano es una creación imperfecta de la naturaleza. Al menos hasta lo que yo sé, es la única especie que puede llegar a matar por placer. Para organizar mejor sus interacciones y controlar la violencia, se organizó a través de un ente –denominado Estado- al que le entregó el monopolio de la fuerza. Es este Estado, a través de sus poderes ejecutivo y judicial, el que debe velar por la convivencia, la seguridad general y los derechos de sus habitantes. Cuando no lo hace, es la mano propia la que suplanta la carencia de la administración de justicia, y la falencia de las fuerzas policíacas.

La privación al libre tránsito  

Los cortes de calles, rutas y avenidas son, para gran parte de la población, una de las modalidades más violentas de reclamo ya que suprime el derecho a circular libremente, derecho amparado por el artículo 14 de la Constitución Argentina.

Es generada por grupos minoritarios de protesta –denominados “piqueteros”- cuyo objetivo es perjudicar la vida de los demás para tener, de esa manera, más probabilidades de éxito en su demanda.

El tema se complejiza cuando intervienen componentes ideológicos. En su accionar, los piqueteros argumentan motivaciones y discursos políticos cambiantes. Un día se trata de apoyar una decisión del gobierno, otro día, exactamente lo opuesto. Muchas veces ni siquiera estas causas pertenecen al país. Cortan calles solidarizándose con Irán, con Chavez, con Evo Morales, o simplemente, contra el imperialismo yanqui y el capitalismo. En lo que todos coinciden es en impedir el paso de los vehículos y amenazar a quienes pretenden seguir su camino.

En la mayoría de estos grupos, hay “energúmenos que ocultan sus rostros con paños de tela blanca estampada con líneas negras entretejidas y blanden palos de madera o hierro. Son los esbirros a cuyo cargo queda la tarea de moler a palos a cualquier transeúnte o automovilista que pretenda circular libremente por las calles de la ciudad.”(Marcelo Birmajer)(1)  Recordemos a ese automovilista que llevando a sus dos pequeños hijos en el vehículo equivocó el camino y quiso atravesar un piquete en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Lo amenazaron y agredieron con los palos, mientras los dos pequeños lloraban aterrados. Se trata de una postura muy violenta que no puede tener otras interpretaciones, ya que si el Gobierno Nacional tomó hace ya tiempo la determinación de no reprimir esta supresión de la libre circulación de los ciudadanos, los palos y los encapuchados en ningún caso pueden explicarse pensando en evitar una represalia o represión oficial.

Una de las cosas más curiosas que tiene la política argentina, incluyendo a los medios de comunicación, es la renuencia a calificar a estos grupos por lo que, en realidad, demuestran ser por su comportamiento: “patoteros, intolerantes, autoritarios” (1).

Por una paradoja inexplicable, el mote de autoritarios lo reciben aquellos que se oponen a esta violenta metodología.  El argumento que esgrimen los piqueteros para calificar así a todos aquellos que reclaman el accionar policial o judicial para ordenar las calles, es que se quiere “criminalizar la protesta social’. De manera increíble, esta calificación la hace también la autoridad nacional, por lo que coloca a la sociedad en un estado de enorme indefensión ante estos agresivos grupos de ataque a la convivencia argentina.

Esta actitud de pasividad de las fuerzas del orden tiene varias consecuencias:

La primera de todas es que, al ser promovida por el gobierno nacional (hay numerosos “piqueteros” oficialistas), el mensaje que emite es el de que hay “pase libre”  para ejercer esa metodología. Por lo tanto y desde hace años, todo aquel que tiene conflictos o reclamos sociales (lo social significa sociedad, por lo que abarcaría todo tipo de reclamo, desde la de libertad de sexos a la de exponer conflictos vecinales) utiliza el corte de calles y rutas como la forma más eficaz para el logro de un objetivo.  

Como no podía ser de otro modo, la gente del campo utilizó esta “autorización oficial de hecho” e hizo padecer a gran parte de la población con el corte de rutas durante el largo conflicto por la Resolución 125. Recordemos que cuando la violencia se da desde arriba, se extiende con espantosa facilidad hacia toda la sociedad. Los únicos límites que presenta es la mayor o menor irresponsabilidad que tengan sus ejecutantes.

Recuerdo una carta de lectores que escribí para el diario Clarín en noviembre del 2002 titulada “El camino que lleva a una nación violenta”-: y que se sintetizó en este comentario – “¿Aceptaríamos los cortes de calles y rutas de los piqueteros porque consideramos justos sus reclamos, ya que la desocupación es uno de los más grandes males que puede sufrir el ser  humano? ¿Deberíamos aceptar que ocupen casas quienes no la tienen, porque carecer de una vivienda digna es una situación denigrante? ¡Y ni hablar sobre la posibilidad de asaltar comercios para proveerse de alimentos! ¿O quizá podríamos aumentar aún más la apuesta de la demanda, justificando que nos asalten por la calle para robarnos porque tenemos dinero para comer y un techo donde dormir? Para evitar esta escalada, y hasta que podamos resolver nuestros conflictos con los límites que impone la convivencia, el Estado debería limitar con autoridad toda trasgresión a las leyes. Si no, podríamos convertirnos en una nación donde la violencia de los otros sería un justificativo para utilizar la nuestra.”
Pocos años después de ese escrito, una buena parte de la población de Gualeguaychú cortó un puente internacional, que hasta el día de hoy sigue inhabilitado para transitar y que, en otras épocas, por suerte superadas, hubiera sido una acción que podría haber desencadenado una guerra entre naciones. 

¿Cuál es el límite entonces? ¿Existe? Ya hubo en Mendoza un caso de secuestro temporario de un empresario por un reclamo salarial. Muchos pensarán que es imposible que lleguemos a “institucionalizar” los secuestros de empresarios para solucionar los conflictos sociales laborales. ¿Seguro? ¿Acaso no es un reclamo justo el que los obreros o empleados necesiten ganar más para mejorar sus vidas? ¡Claro que sí! ¿Entonces? ¿Por qué no secuestrar al dueño de una empresa hasta que acceda a estas justas y válidas demandas laborales? ¿Acaso Hugo Moyano no “secuestra” a una compañía cuando por días impide el ingreso o egreso a la misma?

Todo es posible en la sociedad cuando el Estado se retira de una de las funciones básicas que su ciudadanía le otorga y reclama: combatir las transgresiones y el delito.   
La segunda consecuencia es que si el que tiene la potestad legal y legítima de usar la fuerza para hacer cumplir las leyes es incapaz de garantizar el derecho esencial a transitar libremente, la sociedad comienza a descreer que estos mismos gobernantes incapaces de solucionar lo básico, como es controlar a ciertos grupos anárquicos y/o corporativos y/o políticos que ignoran el acatamiento de la Constitución,  sean capaces de conducir con éxito el progreso socio económico de la nación. Con este descrédito, comienza a quebrantarse el ánimo de una gran parte de la población con su consiguiente deterioro de las perspectivas de desarrollo del país.

Este deterioro promueve la desinversión, lo que coloca a esos grupos transgresores de las leyes en una ridícula paradoja: con su accionar agravan su propia situación socio económica.

A tal efecto, Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, un grupo con sede en Nueva York que representa a 190 empresas con negocios en Latinoamérica, dijo: “Los cortes de calles empeoran un clima económico ya de por si complicado, dificultan a los trabajadores llegar a sus empleos, y a los productos llegar a los mercados. Además, perjudican las inversiones, porque las empresas no quieren instalarse ni expandirse en lugares con un clima volátil”.

Es interesante contar que durante la reciente Conferencia de las Américas realizada en Miami, se dio un debate fascinante sobre este tipo de protestas entre el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el congresista mexicano Luis Enrique Mercado.

Macri culpó al gobierno de los Kirchner por no ordenarle a la policía que mantenga las calles transitables y dijo que el aumento de cortes de calles “está llevando a Argentina a límites nunca pensados que van en dirección de una sociedad anárquica, en la que se va a perder inversión, se va a perder empleo, y va a aumentar la pobreza’‘.

Scioli disintió y argumentó a favor de la moderación y de la resolución de conflictos mediante el diálogo. “No se trata de imponer orden a cualquier costo”, dijo.  “Hay situaciones muy violentas con consecuencias fatales. Hay que encontrar un equilibrio en el marco del estado de derecho, el respeto a la propiedad privada y el reclamo de los trabajadores’‘.

Fue el mexicano Mercado, del partido oficialista Acción Nacional, el que le retrucó a Scioli: “Estoy en total desacuerdo porque cuando las sociedades entran en una cultura en la que se tolera violar la ley, la gente dice: <Si puedo violar la ley un tantito, puedo violar la ley un poquito más>. Es una escalada”. Agregó que la actual ola de violencia de los carteles del narcotráfico en México “no es algo que surgió de la nada. Empezó con la gente diciendo, si puedo violar la ley de tránsito, puedo violar otras. Es el resultado de una cultura de la ilegalidad que escaló a límites inconcebibles’‘.

El columnista del Miami Herald, el demócrata Andrés Oppenheimer, escribió recientemente sobre este tema diciendo que “la solución no es castigar con azotes a los manifestantes no autorizados, como se hace en Singapur, ni encarcelarlos o recluirlos en hospitales psiquiátricos durante décadas, como se hace en Cuba. Pero debería haber consecuencias legales para quienes violan las leyes y cortan calles, perjudicando los derechos de los demás. De otra manera, los costos invisibles de los bloqueos callejeros serán cada vez mayores, y la cultura de la ilegalidad seguirá creciendo.”

Estos cortes generan millones de pesos mensuales en ventas perdidas y en inversiones que se postergan, pero hay una consecuencia mil veces peor que la pérdida económica. Se trata del deterioro de las bases morales y éticas de una población que permite un estado de anomia en la que se perforan las bases que deberían regular la convivencia.

Enrico Udenio

21 de noviembre de 2009

Próxima nota: “La violencia: La complicidad del Estado nacional”

(1)               Marcelo Birmajer. Cuentista y novelista argentino. Nota La Nación Nov.18.2009

LA IMPREVISIBILIDAD POLÍTICA Y SOCIO ECONÓMICA

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  El aumento de los conflictos sociales, y la incapacidad manifiesta del gobierno de encauzarlos legalmente, sumada a la modalidad política de los Kirchner de generar odios y discordias en la población, incentivan aún más la desinversión existente que es, desde ya, el mayor problema de fondo que hoy enfrenta la administración Kirchner.

  Continuando con el análisis sobre los factores que la impulsan, me referiré al constante cambio de las reglas de juego comercial e industrial. Si bien la transgresión contractual y legal no ha sido un invento de este gobierno, sigue plenamente vigente en el país produciendo daños inconmensurables.

El último de los atropellos fue la aprobación legislativa de la nueva ley de radiodifusión, con el agravante de que, quizás, fue la noticia de este año que más daño ha causado a la imagen del país. Es que por todo el mundo se propagó el inusual hecho de que al poco tiempo de haber prorrogado licencias por 10 años, el mismo gobierno las canceló sin tener razones de peso para hacerlo.

A los ojos oficialistas o para aquellos adherentes del estatismo, la obtención del fin deseado –ideológico por supuesto- justifica cualquier medio, pero es muy diferente la óptica para aquellos que desde una postura ética, valoran las leyes y las reglamentaciones existentes. Se hubiera podido concretar perfectamente una nueva ley de medios sin necesidad de violentar el plazo de las licencias ya otorgadas. Este es un buen ejemplo de los enormes daños que la nación se auto inflige por causa de una camada de políticos ineptos o incapaces para evaluar las futuras consecuencias que pueden tener sus actos.

Las reglas de juego

“La Ley es como la veleta de un viejo campanario, que varía según sopla el viento.” Leo Nicolaievich Tolstoi (1828-1910). Escritor y reformador ruso. Una de las grandes figuras de la novelística mundial.

  Se entiende por “reglas de juego” a las leyes y reglamentaciones mediante las cuales los modernos Estados nacionales aseguran a los nuevos mercados (1)  las condiciones necesarias de estabilidad para el crecimiento y el desarrollo socio económico. Es esta estabilidad la que proporciona al sistema el empuje hacia un progreso económico sostenido, manteniendo el equilibrio entre las fuerzas financieras, políticas y laborales. Cuando el sistema no es sostenido por los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) aparecen las continuas transgresiones y el capitalismo se queda sin el capital.

  Es que “el dinero es extremadamente sensible” y reacciona en forma inmediata cuando no se siente protegido por leyes claras y permanentes en el tiempo. El presidente de una empresa informática de la Alemania Occidental, en épocas previas a su unificación con la Oriental, me dijo en una ocasión: “no nos interesa demasiado que las leyes en la Argentina sean muy favorables a las inversiones; lo que necesitamos es que, sean las leyes que sean, se apliquen y se mantengan en el tiempo independientemente del tipo de gobierno que tengan”.

  El ser empresario en Argentina constituye un desafío a la imaginación y a la supervivencia. Cuando una empresa comienza a crecer comercialmente, aparecen inmediatamente los “socios indeseables”: punteros políticos de la zona, empleados municipales de las más inimaginables reparticiones o sectores burocráticos, policías, funcionarios nacionales, el sindicato, la mutual, inspectores que aplican controles de todo tipo, incluso los más ridículos, etcétera. Todo proyecto de desarrollo que intente llevar a cabo un empresario será interrumpido por un inacabable juego de obstáculos los cuales, la mayoría de las veces, deberá superar a través de una coima, salvo que acepte el riesgo de que sus trámites duerman el sueño eterno de los justos.

  En su interesante libro “El error de ser argentino”, el empresario Eduardo Balcheian, ex titular de la compañía concesionaria industrial de la marca alemana Adidas, relata sus terribles experiencias con los funcionarios de los diferentes gobiernos. No tengo dudas de que si Balcheian hubiera intentado, por ejemplo, realizar sus proyectos industriales en Japón, Australia o en Canadá en lugar de la Argentina, hubiera contado con todos los apoyos gubernamentales y sindicales para que sus productos pudieran venderse por todo el mundo con su marca propia. Fue un gran empresario desperdiciado por su país, al igual que tantos otros menos conocidos.

Una burocracia gigantesca 

“La ignorancia es degradante cuando la acompañan las riquezas.” Arthur Schopenhauer, (1788-1860), filósofo alemán, crítico de Kant y del racionalismo.

  El exceso de reglamentaciones que sirve de “alimento” para la corrupción de los funcionarios argentinos, los continuos impuestos y leyes implementados hipócritamente “por única vez”  pero que siempre se tornan eternos, la pesificación asimétrica del 2002, la inflación y las recurrentes devaluaciones, las épocas del “congelamiento de precios y alquileres”, o  de la actual maraña de subsidios que intentan compensar “valores máximos” de tarifas y precios, anulan el juego de la oferta y la demanda. Tampoco nos olvidemos de la adulteración de las estadísticas y datos -un factor indispensable para que los empresarios puedan calcular y evaluar sus inversiones-, y las crónicas faltas de crédito para proyectos de desarrollo.

Estas acciones son sólo una pequeña muestra de todas las medidas gubernamentales que durante décadas han propagado la inestabilidad de los mercados en el país.

Prohibiciones y regulaciones de todo tipo que tenían la capacidad de reservar “zonas comerciales” a “los amigos”, permisos previos de fabricación, permisos previos para aumentar precios, permisos previos para importar o exportar, permisos y permisos para todo construyeron con el paso del tiempo una burocracia del mercado de proporciones gigantescas.

El empresario

“Sólo me gustan dos tipos de hombres: los nacionales y los extranjeros.”  Mae West (Mary Jane West) (1893-1980). Irreverente y transgresora actriz norteamericana. Fue el primer símbolo sexual de la historia del cine.

  Los gobernantes argentinos, en general,  han tenido mucha dificultad para entender la importancia medular que tiene el rol del empresario –nacional y extranjero- en el sistema capitalista. Esta ignorancia, explica, en una buena parte, la pobreza del mercado local o la inexistencia de una poderosa industria exportadora.

Pero el empresario medio argentino no es inocente de este descalabro. En definitiva, su idiosincrasia es la misma que la del resto de la población. El desorden, la predisposición al consumo en lugar del ahorro y la inversión, el individualismo, la desconfianza, el rechazo a los límites que impone el cumplimiento de las leyes, el temor al riesgo económico, entre muchas otras peculiaridades del habitante del suelo argentino, forman parte también de sus características.

  Un capitalismo con un empresariado que no arriesga su patrimonio y que, habitualmente, piensa en obtener ganancias provenientes del mercado local amparado por eternizadas políticas proteccionistas, no genera crecimiento genuino para un país. Las  industrias que se desarrollan bajo esta consigna no pueden competir a nivel internacional y terminan siendo mantenidas por la población a través del pago de sobreprecios de enorme magnitud por productos desactualizados tecnológicamente –como ahora será el caso como consecuencia del aumento de impuestos para los productos electrónicos con excepción de unas pocas empresas radicadas en Tierra del Fuego. Se generan así mercados esclavos que resultan en pura ganancia para el dueño del negocio y pura pérdida para el consumidor.

  El empresario argentino que describo, se defiende alegando que las constantes modificaciones a las reglas del juego industrial y comercial lo han obligado a desarrollar una extraordinaria capacidad para aprovechar las alternativas que les presenta este cambiante panorama económico. Pero esta característica de volubilidad invalida las inversiones a largo plazo, y sin ellas, el excedente de los beneficios obtenidos se destina al consumo suntuario de los propios empresarios y a acumularse en cuentas bancarias en el exterior. No creo que se presenten muchas dudas sobre este tópico pues, de no ser así, ¿a quiénes pertenecen los ciento sesenta  mil millones de dólares de dinero argentino (un PBI completo) que se calcula que ya están fuera del país? Seguramente que no les pertenecen a los jubilados, obreros o empleados. La burguesía comercial y empresarial nacional, los profesionales de altos ingresos, ejecutivos y por supuesto, los políticos y los sindicalistas, son los dueños de ese inmenso y desopilante caudal de dinero que es utilizado por otras naciones  para su desarrollo.  

  Pero los empresarios no son los únicos culpables de esta desinversión argentina. Las mafias sindicalistas que aún existen en nuestro país son en gran parte responsables de la decadencia industrial argentina, pero estoy convencido de que la principal carga le cabe a los gobiernos que, llevados por sus necesidades inmediatas, cambian o interpretan a su gusto, una y otra vez, las leyes, los impuestos y las reglamentaciones.  Como relaté en mi anterior nota, la frase que un importante dirigente industrial me dijo en una ocasión parecería ser un fiel símbolo de lo que es la Argentina: “uno puede acostarse a la noche siendo rico y despertarse pobre a la mañana, o viceversa”.

  Mientras la mayoría de los inversionistas locales y del exterior pierden parte de sus capitales a causa de los continuos cambios a las reglas de juego comercial, algunos de los nacionales se enriquecen. No es que hayan sido genios financieros, lo que sucede es que son expertos en desenvolverse dentro del caos. Han nacido como empresarios en él, en él se han enriquecido y no ven al mercado nacional tal como se lo enseña en el estudio del capitalismo. Las estables reglas internacionales de los mercados generalmente no tienen aplicación en el nuestro.  

¿Pragmatismo o incoherencia?

“La verdadera filosofía es reaprender a ver el mundo.” Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) Filósofo existencialista francés.

  ¿Desde qué lugar se les puede ocurrir a los gobernantes argentinos que la economía puede funcionar si horada sistemáticamente sus reglas y sus bases?

En numerosos ensayos político-económicos y en los medios de comunicación se hace frecuentemente referencia al alto grado de pragmatismo de las sociedades, incluida la argentina.

En realidad, el pragmatismo, dentro de la esfera de las ideologías, se aplica a diario en todos los países desarrollados, pero hay una diferencia conceptual entre cómo se aplica en ellos y cómo se da esto en la Argentina. Ninguna de las medidas pragmáticas que se llevan a cabo en esas naciones del mundo desarrollado modifican la armonía y la previsibilidad del sistema ideológico económico que han definido en sus respectivos gobiernos, pues siempre dejan intacta la columna principal que sostiene a toda ideología: una relación compacta e indisoluble que existe entre las leyes, las reglamentaciones  y la economía en una nación, relación a la que se le da la calificación, como expliqué al inicio de esta nota, de “reglas de juego”.

  En cambio, en Argentina, el pragmatismo es básicamente el pasaporte a la constante confusión. Al cambiar o imponer nuevas reglamentaciones, leyes o modificar el sentido de las mismas según el poder político de turno, sin importar si éstas apoyan o no el sistema de producción económica establecido, ha dado como resultado, a través de los años, a un injerto perverso que proporciona ganancias sólo a quienes están muy acostumbrados a este “desorden” y conocen sus códigos, o a aquellos vinculados al gobierno que pueden sacar provecho de esa relación.

  Para muchos politólogos, la incoherencia producida por el péndulo ideológico que existe en el principal partido político argentino, al oscilar de la izquierda a la derecha, o del socialismo corporativista al capitalismo liberal, según las circunstancias políticas y sociales de cada momento, genera continuas modificaciones a las reglas de juego de la economía con consecuencias insoslayables que hacen desaparecer la previsibilidad y con ella, al capital. Y sin capital, no hay dinero, y sin dinero, no existe otro futuro posible para el país que desinversión e involución.

Claro, cuando la incoherencia queda circunscripta al ámbito familiar, laboral o afectivo, los daños derivados de la misma están acotados al micro mundo del individuo. Pero cuando ésta alcanza a la administración pública su daño se potencia al expandirse a través del poder que emana del Estado.

De todo esto podemos deducir que el continuo cambio de las “reglas de juego” en la sociedad argentina muestra, ni más ni menos, el desorden emocional, ideológico e intelectual que sufren sus habitantes.

Enrico Udenio

13 de noviembre de 2009

(1):  Se entiende como nuevos mercados aquellos que incorporan a la globalización, la informática, Internet, los mercados financieros al mismo tiempo que contemplan los valores de la libertad, la equidad social y la solidaridad.

LAS VIOLACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD

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 “El fascismo es un intento de la burguesía de superar la contradicción entre las técnicas actuales del socialismo y la propiedad privada sin destruir la propiedad privada. Su “economía planificada” busca salvar la propiedad privada y mantenerla controlada a la vez”. León Trotsky. Compartió con Lenin, el liderazgo del movimiento comunista ruso. Fue asesinado en 1940, por orden de Stalin. 

 En mi análisis anterior comentaba que el modelo económico del actual gobierno se basó en el consumo y no en la inversión. Al partir de un piso (por no decir subsuelo) extremadamente bajo (el del año 2002) las cifras de crecimiento entusiasmaron al principio pero, al seguir ausentes las inversiones, el entusiasmo descendió, iniciándose la fuga de los capitales. ¿A qué se debió esta caída? Principalmente, a cuatro factores.  El primero de ellos, y al que nos vamos a referir hoy, fue la constante violación al derecho de propiedad privada, elemento clave para alejar a los que detenten la capacidad monetaria para invertir ingentes capitales en el país.

Antes que nada, hay que aclarar dos cosas:

1) El derecho de propiedad no es un derecho absoluto aunque, cuando se lo transgrede, según las cortes internacionales de los derechos humanos, además de necesitar un excepcional fundamento y justas compensaciones, se deben calcular muy cuidadosamente sus consecuencias.

2) Que en este análisis no se cuestiona ideológicamente al derecho de propiedad. Sin dudas que para un marxista o un anarquista, la propiedad es un robo, como bien lo definió Pierre-Joseph Proudhon (1) en su libro editado en 1840. Pero la Argentina no se encuentra bajo un régimen marxista ni anarquista, aunque a veces lo parezca dado su apego al populismo nacionalista. Por lo tanto, debemos pensar en este tópico sobre la base de esta realidad, más allá de los sentimientos personales con respecto a él.

Este escenario nos indica que la Argentina pertenece al grupo de naciones del mundo que, para mal o para bien, con mayor o menor ahínco, adhiere a la vigencia del derecho a la propiedad privada, y al desarrollo capitalista como sistema económico. En estas sociedades, incluidas las naciones socialdemócratas más inclinadas hacia el socialismo como son las nórdicas europeas, se entiende que la propiedad privada de bienes es el derecho básico sobre el cual se asienta el desarrollo socio económico del país.

Es el derecho prioritario por excelencia

Es probable que la inclinación a la propiedad privada, individual y/o comunitaria, sea intrínseca al ser humano. En un principio, la necesidad de defender su hábitat y territorios de caza debieron haber alimentado sus primeros sentimientos de pertenencia. A partir del siglo XVIII, el capitalismo le otorgó la categoría de derecho esencial de su sistema, ampliado a la producción de bienes y servicios, y a la posibilidad de gozar y disponer de los mismos, sin otras limitaciones que las establecidas por las leyes.

En los textos constitucionales de la mayoría de las naciones democráticas capitalistas, el de la propiedad privada, si bien jerárquicamente está muy por debajo de otros derechos humanos, es el derecho prioritario por excelencia porque será su estricto respeto el que posibilitará el logro de los otros derechos humanos. Por ello, mantiene un privilegio por sobre todos los otros derechos, y es considerado el paradigma del derecho subjetivo. Los propietarios pueden servirse de lo que les pertenece, percibir las rentas y frutos que deriven de su explotación, donar el bien, abandonarlo e incluso destruirlo. Estos alcances del derecho a la propiedad no impiden que, en ocasiones, se subordinen al interés general por lo que pueden ser susceptibles de expropiación forzosa, realizada por autoridad competente, bienes o derechos concretos y con causa justificada de utilidad pública, previo pago de la justa indemnización que corresponda. (2)

Así como la propiedad privada es el fundamento de la sociedad burguesa, el capital-dinero es la sangre de esa propiedad que circula para darle movimiento al sistema. No importa con cuánto afán se quieran practicar todas las demás actividades que definen a una economía capitalista, sin el capital-dinero no hay capitalismo. A lo sumo habrá buenas intenciones y buena voluntad destinadas al fracaso.

La Relación de la Argentina con la Propiedad Privada

La Argentina, a pesar de contar con numerosos activos y materias primas naturales, nunca pudo producir capital, pero ¿cómo se acumula el ahorro convertido en capital?

A través del tiempo, el mundo desarrollado lo ha llevado a cabo de dos maneras: a) Ganando más de lo que se gasta o gastando menos de lo que se gana. Esta actitud se mantuvo a costa de grandes sacrificios de sus respectivas poblaciones, en especial, de las clases menos pudientes. b) Representando en dinero los activos disponibles (propiedades, mercancías, ideas innovadoras, etc.). Esto significa emisión de bonos, acciones, hipotecas o de cualquier otro instrumento que pueda convertirse en dinero a través de préstamos recibidos y garantizados por esos mismos activos, y por leyes que aseguren la intención de pago.  

¿Qué se debe hacer cuando se cuenta con capital? Hacer negocios u obras que lo promuevan y no gastar demasiado en consumo. Aquí cabe perfectamente el dicho popular que dice que “mejor que darle pescado al hambriento, es enseñarle a pescar”.

Este proceso de acumulación e inversión está impreso en el inconsciente colectivo de gran parte de la humanidad. No fue creado por una persona ni por una teoría. El mismo proceso de la evolución del hombre lo fue instalando paulatinamente. La teoría llegó después de la práctica.

La Argentina parece no contar con este contenido en su inconsciente. Con un escaso ahorro interno, el Estado intenta, una y otra vez, capitalizarse o desarrollarse con capitales prestados los que, la mayoría de las veces, se destinan a cubrir el déficit estructural o los servicios sociales que reclama la población.

Para que esos préstamos les fueran acordados, Argentina aportó sucesivamente casi todos sus activos, hasta que los valores de capitalización de los mismos no fueron suficientes para garantizar las deudas. En el instante en que sus activos se encontraron sobre-comprometidos, se transformaron en un capital muerto.

Si la Argentina fuera una nación cuya población hubiera elegido al socialismo marxista como su ideología, sin lugar a dudas estaríamos de acuerdo con Proudhon o con Marx, y no habría conflictos con la propiedad privada pues ésta, directamente, no existiría.

Pero la realidad histórica es otra y muestra una total incoherencia: por un lado, la Argentina declara su interés por transitar el camino de la democracia capitalista, por otro, atenta contra la base por excelencia de la misma: la seguridad e intangibilidad de los bienes propietarios. Se trata de una de las mayores y más perjudiciales incongruencias que experimenta nuestro país, además de ser el principal promotor de la expulsión del capital nacional hacia el exterior.

Desde el punto de vista existencial, no hay dudas de que existen derechos humanos mucho más importantes y éticos que el de la propiedad, pero ésta es una cuestión que trasciende a la moralidad o a la ética porque cuando se producen las violaciones al derecho de propiedad o cuando recurrentemente se anteponen otros derechos humanos sobre los de propiedad, se daña profundamente a la economía de una nación con consecuencias sociales muy duras para sus pobladores.

LOS AÑOS DE LOS KIRCHNER

El acontecimiento del corralito, corralón y posterior pesificación asimétrica demostró en el 2002 que cuando el Estado argentino, embanderado detrás de un objetivo salvador, considera necesario apropiarse de los bienes monetarios de los ajenos en general, y de su población en particular, no repara en abolir todas las garantías jurídicas de la propiedad privada.

A través de sus devaluaciones y captaciones del dinero ajeno, fue escapando de los apuros económicos pero implantó en la psicología de la población en general, y en la del empresariado en particular, una sensación de enorme inseguridad económica y jurídica. Las perspectivas del empresario argentino son claras: “uno puede acostarse a la noche siendo rico y despertarse pobre a la mañana, o viceversa”, me dijo en una ocasión un importante dirigente industrial.

Castigado con la cesación de pagos, la administración del matrimonio Kirchner tuvo que enfrentar un proceso en el que las inversiones privadas se presentaban muy escasas y no había financiamiento interno ni del exterior.

Era una situación muy difícil para el matrimonio, pero la suerte estuvo de su lado. Ayudado por las excepcionales prerrogativas que le otorgaba la “ley de emergencia económica”, implementó por decreto las retenciones aduaneras a los productos agropecuarios, cuyos valores internacionales habían aumentado considerablemente. Esta sorpresiva ventaja no pudo ser capitalizada porque los gobernantes no hicieron nada para encauzar a la sociedad en un camino donde la inviolabilidad de la propiedad fuera una norma a respetar.

Entonces desaparecieron los créditos y disminuyeron las inversiones en hipotecas sobre vivienda porque era imposible ejecutarlas. También echar a un inquilino que no pagaba el alquiler era muy problemático. Su ejecución llevaba años de instancias legales, cuando en las naciones socialdemócratas como son Suecia, Finlandia y Dinamarca, el trámite de desalojo dura menos de dos meses. Este elevado riesgo para el inversor implicó que los alquileres en dólares se duplicaran o triplicaran en muchos lugares. Alquilar una pequeña vivienda se transformó para los menos pudientes en una verdadera odisea por la baja oferta y las exigencias de profusos garantes.

El INDEC

Entre todas las transgresiones a la propiedad, fue la manipulación de las estadísticas del INDEC (una propiedad intelectual) la que inició la debacle del capital. A partir de allí comenzó la fuga de dinero del país y/o su retorno “al colchón”.

Lo que hay que tener en cuenta es que contar con datos fidedignos del comportamiento socio económico de un país es un punto clave para decidir una inversión. A la hora de hacerlo, el dueño del capital necesita considerar toda una serie de variables que en casi todos los países le son ofrecidas por las entidades oficiales las que, a su vez, son manejada por técnicos con independencia del poder de turno. Al perder esta referencia, se dispara la imaginación, la que, generalmente, puede llegar a ser mucho peor que la de enfrentar una desagradable realidad.

Para peor, ante el reclamo opositor por esa adulteración, algunos de los funcionarios del gobierno se defendían diciendo que, con esa acción, se le estaba ahorrando al país millones de dólares porque gran parte de los bonos de la deuda refinanciada estaba vinculada a un reajuste por inflación, dato que proporcionaba, precisamente, el INDEC. Por lo tanto, todo el mundo se enteró de que la Argentina le estaba robando dinero a los tenedores de esos bonos. A la hora de necesitar de créditos, como es el caso de hoy, los ahorristas ya saben que tampoco se puede confiar en los bonos “ajustados” por el INDEC. La renta es uno de los derechos de propiedad más valorados por el capital.

La Resolución nº 125

El quiebre político en la sociedad se produjo cuando, a través de la Resolución nº 125, el gobierno quiso aumentar los porcentajes de las retenciones agropecuarias. La gente del campo reaccionó violentamente ante este intento de robo de su propiedad. Como utilizo la palabra robo, que es muy dura, voy a fundamentarla técnicamente.

Los habitantes de una nación están obligados a mantener al Estado, y éste ocuparse de la administración de los recursos para proveer los servicios básicos sociales (justicia, educación, policía, fuerzas armadas, etcétera). Este proceso se realiza a través del pago de impuestos y su volumen y claridad forman parte de la decisión de invertir o no de un empresario. Hay que ser siempre muy cuidadosos cuando se piensan aumentar los porcentajes de débito por gastos, impuestos o implementar uno nuevo “de emergencia”.

Recordemos que: 1) Cuando un ciudadano programa un negocio, lo hace calculando sus costos, los impuestos, su beneficio y los riesgos-país. Si en teoría “los números cierran” y considera que los riesgos son los normales del comercio, invierte su capital y procede a producir y/o comercializar su producto sobre esa base. Es ésta la principal razón por la cual la justicia, en general, rechaza la retroactividad en la aplicación de impuestos. 2) Cuando el Estado aplica un impuesto, sea éste cual fuere, incide en el precio del artículo, que inevitablemente sube.  Los impuestos los paga siempre la población en general, incluidos los de ganancias.

Éste era el problema principal que encerraba la Resolución nº 125. No se podían trasladar a los precios los mayores impuestos que implementaría la misma. Es que, a diferencia de los productos industriales, los precios de las exportaciones agropecuarias están determinados por los mercados internacionales y no pueden modificarse si el Estado argentino les aumenta los impuestos. Por lo tanto, el poner un límite a las ganancias nominales de los productos del campo, e incrementar los porcentajes de las retenciones era, lisa y llanamente, una forma de meter la mano en los bolsillos de los productores agropecuarios, porque éstos no tenían posibilidades de recupero ya que por cada dólar de suba en el valor, el Estado terminaba quedándose con 95 centavos. Y no olvidemos que el dinero neto resultante de un ingreso es uno de los más importantes derechos de propiedad que existen.

Las AFJP

Ante el fracaso de obtener mayor caja exprimiendo aun más al campo, y apremiados ante la posibilidad de un nuevo default a la vista, los Kirchner confiscaron las cajas previsionales privadas a pesar de que un año antes los potenciales jubilados habían votado a favor de mantener sus aportes en las AFJP. Esta estatización permitió que el gobierno lograra  mantener el superávit fiscal durante el 2008 y, con estos fondos, eludir la amenaza de una nueva cesación de pagos del país. Pero éste éxito fue obtenido a costa de generar un considerable incremento de la fuga de capitales, desincentivando aún más las inversiones. Esta reacción del capital era obvia de predecir: los ahorros acumulados por los aportes previsionales formaban parte del derecho de propiedad de los futuros jubilados y, para peor, el gobierno barrió con ese derecho a pesar de que el sistema privado había sido ratificado por consulta directa a los actores involucrados.

La posterior utilización de los fondos de ANSES, que hasta ahora ha servido para todo uso menos para preservar el nivel del ingreso de los jubilados, confirmó lo que se sospechaba: que la decisión del gobierno no era siquiera ideológica. A toda costa necesitaban el dinero y los jubilados fueron y serán, una vez más, los “patos de la boda”.

. . . 

Con todo este panorama, el matrimonio presidencial sabe que cualquier otro avance del Estado sobre la propiedad privada puede llegar a producir una peligrosa corrida cambiaria y una inflación ya difícil de controlar.

Con un Estado argentino cuestionador del derecho de la propiedad privada y aficionado al robo, la famosa “fuga de capitales” hacia países cuyos mercados son estables y sus monedas fuertes, es absolutamente inevitable. No parecen existir ya discurso alguno ni medidas temporarias atrayentes que puedan hacer que estos capitales retornen.    

En nuestro próximo análisis nos ocuparemos de otro punto clave que explica la ausencia de inversiones: el constante cambio de las reglas del juego comercial e industrial que, si bien no ha sido un invento de este gobierno, la transgresión contractual y legal sigue plenamente vigente en el país.

Enrico Udenio

6 de noviembre 2009

 (1)  En “¿Qué es la propiedad?”, el libro del francés Pierre Joseph Proudhon  publicado en París en 1840 y devenida en la más difundida obra del mundo sobre el tema, se sostiene que “ni el trabajo, ni la ocupación, ni la ley pueden engendrar la propiedad”, concluyendo con la famosa y lapidaria frase: “La propiedad es un robo”.

(2)  Extraído del libro “Corazón de derecha, discurso de izquierda”, Enrico Udenio, Ugerman Editor, Buenos Aires (2004).