LA CRISIS DEL CAMPO, UNA CONSECUENCIA INEVITABLE DE LA MACROCEFALIA ARGENTINA

 

Durante las sesiones del congreso del 21 y 22 de abril de 1853, el Dr. Juan María Gutiérrez, diputado por la provincia de Mendoza, pronunciaba “Todas nuestras guerras civiles de cuarenta años no son más que la expresión de estos dos hechos: dominación o influencia unas veces justas y otras injustas del poder de Buenos Aires sobre las demás provincias, y resistencia unas veces justas y otras injustas por parte de éstas”.

Como si el tiempo no hubiera pasado, hoy el país está en vilo por causa del grave conflicto suscitado entre los productores agropecuarios del interior del país y el gobierno nacional con sede en Buenos Aires. Algunos insisten en que podría haber sido evitable. No lo creo. Por el contrario, pienso que estamos viviendo una historia que titularía: crónica de una crisis anunciada e inevitable.

Cuando, a partir del colapso socio económico que se produjo a fines del 2001, los precios internacionales y los términos del intercambio comercial externo favorecieron a los productos primarios, el sector agropecuario tuvo un fuerte crecimiento. En 1992, se producían treinta millones de toneladas de granos y se exportaban tres mil quinientos millones de dólares. Diez años después, la producción sobrepasó los setenta millones de toneladas y las exportaciones alcanzaron los diez mil millones de dólares. El gobierno nacional comenzó a gravarlas elevando los porcentajes de los impuestos en forma paulatina hasta provocar la sublevación de los pueblos del interior del país dos meses atrás. 

Además de considerar abusivos los porcentajes de retención a sus exportaciones, los productores agropecuarios denunciaron que se trataba de impuestos que el gobierno nacional no repartirá entre las provincias. Esta situación dejó en evidencia tres hechos significativos: el primero, la fuerte exposición pública de que la Nación no coparticipa esa riqueza con las provincias que la producen; segundo, la constante migración de sus pobladores hacia Buenos Aires por carecer de esperanzas de progreso para sus pueblos; y el tercero, que después de 150 años el país se encuentra con factores de dominación económica similares a las que utilizaba el gobierno de Buenos Aires para poder someter a las provincias en la primera mitad del siglo XIX. Me refiero concretamente a la recaudación aduanera.

Es que durante aquella época, Buenos Aires (ciudad y provincia), detentaba un poder económico que provenía, principalmente, de los ingresos aduaneros de su puerto. Para conservarlo, mantuvo un constante conflicto bélico con aquellas provincias que le reclamaban su coparticipación. La indignación de los federales por esta negativa porteña a compartirlos aumentaba debido a que las mercancías foráneas que ingresaban al país a través de su puerto perjudicaban notablemente a las incipientes industrias regionales. Para dar una idea de la magnitud económica de la situación, basta mencionar que, en aquel entonces, estos recursos aduaneros generaban más del  85% de las rentas públicas de todo el país por lo que, obviamente, Buenos Aires concentraba el poder económico de la nueva nación.

Cuando la Constitución Nacional de 1853 estableció el régimen de distribución de los ingresos impositivos en base a un sistema de impuestos similar al actual, se pensó que las provincias iban a tener mayor autonomía económica. Por un lado, había impuestos provinciales que le pertenecerían a la provincia y, por otro lado, tributos nacionales que manejaría la Nación, entre ellos los aduaneros. Lamentablemente la historia mostró que el gobierno nacional terminó acaparando los impuestos de mayor recaudación y, con ello, fracasaron, en la práctica, las ideas de 1853 que intentaban hacer de la Argentina una nación federal.

A partir de la pacificación del país en 1880, aún sobrellevando varias e importantes crisis, se produjo un fuerte crecimiento económico impulsado por el desarrollo de la ganadería y la aparición de la agricultura. Es bien conocida la frase “granero del mundo” que da cuenta de su ascenso en el contexto internacional hasta llegar a ser el séptimo país más rico del planeta. En los años previos a la segunda guerra mundial, los inmigrantes europeos veían, en la Argentina de aquel momento, a una nación con una perspectiva de desarrollo económico comparable a la de los Estados Unidos, Canadá o Australia.

Es que, del mismo modo que el petróleo constituye hoy la principal riqueza para Venezuela, el cobre para Chile, o el gas para Bolivia, en aquel momento la Argentina contaba con sus vastos campos para ser la punta de lanza de un formidable desarrollo económico. 

 

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DE ESPALDAS AL CAMPO

En mi último ensayo, «La hipocresía argentina», relato cómo, aunque resulte increíble, el país quiso crecer de espaldas a su principal riqueza: la producción agropecuaria expandida en su extenso territorio. Sus políticos se hicieron cargo de renegar de ese sector y desvalorizarlo con los conocidos argumentos, no exentos de cierta validez, del “injusto intercambio de nuestros productos primarios por los productos industriales extranjeros”, o de la necesidad de frenar los abusos de poder de la oligarquía terrateniente. Con su acción política, los funcionarios desalentaron constantemente las inversiones en el sector y no supieron aprovechar los excedentes de riqueza, que el campo producía, para construir una industria de excelente tecnología, como sí lo hizo Australia, una nación con grandes extensiones territoriales y similares características climáticas y productivas que la Argentina.

Los resultados fueron devastadores.

Con la finalización de la segunda guerra mundial, gran parte del mundo experimentó, gracias a la notable expansión del comercio internacional, el más grande desarrollo económico de la historia. Mientras esto sucedía, la Argentina fue la única nación del mundo que en sólo veinticinco años (1935 a 1960) pasó de ser un país desarrollado a ser uno subdesarrollado y, desde el año 1950 hasta el 2000, fue el país de menor crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI) a valores constantes, en toda América Latina, excluyendo a Uruguay.

La composición del poder político en la Argentina se mantuvo inamovible a través del tiempo: Buenos Aires sigue siendo la aspiradora económica y demográfica de la nación como lo era en el siglo XIX.

Durante décadas los jóvenes de los pueblos y ciudades de nuestro interior huyeron hacia la esperanza porteña dejando a las provincias cada vez más pobres y más despobladas mientras que el centro urbano de Buenos Aires se agigantaba al punto de consolidar una Argentina macrocéfala.

 

LA ASPIRADORA ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA

Para dar una idea de la magnitud de esta macrocefalia, con su desproporción económica y demográfica, basta mencionar que, para fines de 1830 la provincia de Córdoba tenía 78.000 habitantes y $ 73.000 de ingresos fiscales mientras que Buenos Aires (provincia y ciudad) tenía 140.000 habitantes y nada menos que $ 3.000.000 de ingresos. En aquel momento Córdoba tenía 55 habitantes por cada 100 que detentaba Buenos Aires. En cambio, hoy alcanza apenas a 18.   

Ya en 1853 se denunciaba esta situación: durante las mismas sesiones del congreso del 21 y 22 de abril, un diputado santiagueño manifestaba su preocupación por “el cuerpo monstruoso cuya cabeza se halla hidrópica y sus miembros raquíticos”.

Hoy, la ciudad de Buenos Aires y su aglomeración urbana, la cual incluye al conurbano bonaerense, condensa al 33% de la población del país. Si nos remitimos exclusivamente al pequeño distrito federal conocido como Capital Federal, podemos observar que en sólo 200 km2 habita poco menos del 10% del total de la población y se registra el 25% de la riqueza del país. Si a la Capital Federal le sumamos la provincia de Buenos Aires, comprobaremos que concentran casi la mitad del total de la población argentina y el 70% del consumo nacional.

La macrocefalia se acentúa aún más cuando se resalta, no sólo la descomunal desproporción existente en el centro urbano de Buenos Aires con relación al total del país, sino también la abismal diferencia en cantidad de habitantes con relación a las ciudades que le siguen en población. Por ejemplo, la segunda ciudad más poblada de Argentina es Córdoba, con el 3 y 1/2 % del total del país. Como se ve, del 33% pasamos al 3% y ya después de la quinta ciudad, todos los demás centros urbanos están por debajo del 0,6%.

Absurdo, ridículo, o cualquier otro calificativo queda pequeño ante tal monstruoso desnivel poblacional. No hay en el mundo una experiencia similar a la Argentina en este ítem. La nación que más se le acerca, Australia, posee en Sydney, el 20% de la población mientras que la ciudad que le continúa en importancia, Melbourne, tiene el 17%.

En Estados Unidos, el centro urbano más poblado es Nueva York con sólo el 8% del total de habitantes de esa nación. Las ciudades en orden decreciente respecto de su cantidad poblacional tienen el 6% (Los Angeles)y el 3% (Chicago). Estados Unidos necesitaría sumar a sus catorce ciudades más populosas para llegar a acumular el porcentaje que ostenta la concentración urbana de Buenos Aires.

Mucho más cerca, el primer centro urbano de Brasil, San Pablo, una de las ciudades más pobladas del mundo, tiene apenas el 6% del total del total del país. Asombrosamente, Brasil necesitaría sus 40 ciudades más populosas para alcanzar el porcentaje que detenta Buenos Aires.  

Cualquiera que sea el modo de interpretar estas cifras, no puede pensarse un crecimiento social y económico de la Argentina sin solucionar esta problemática pues, sea cual fuere la metodología económica que se utilice o el partido político que gobierne, los procesos migratorios y económicos tienden, en forma natural y progresiva, a orientarse hacia aquellos lugares que generan las mayores expectativas de trabajo y los mejores estándares de vida.

 

EL FALSO FEDERALISMO

Mientras Buenos Aires no tenga competencia interna, seguirá siendo un imán migratorio insoslayable. Año tras año en lugar de disminuir, el flujo poblacional que arriba a la ciudad y al conurbano bonaerense aumenta considerablemente. La cabeza del país se agiganta cada vez más en proporción al resto del cuerpo.

Creo que, entre todos los males históricos que la Argentina ha padecido, esta situación se ha convertido en el peor obstáculo para su desarrollo, por todas las implicancias políticas, sociales y económicas que conlleva. Hasta que no se inicien intensas acciones enfocadas a un cambio en este sentido, será muy difícil encontrar soluciones duraderas a los graves problemas que padece el país.

Esta dificultad se acrecienta significativamente al analizar las encuestas que evidencian que, para gran parte de los argentinos, no tiene singular importancia el hecho de que el gobierno respete o no el federalismo republicano determinado por su Constitución. Siempre preocupados por la falta de dinero, la desocupación, la miseria, la seguridad, la corrupción y otros males endémicos,  no relacionan al estado republicano y federal con el desarrollo socio-económico del país, por lo que, para una amplia fracción de la población, la agresión por parte del gobernante ejecutivo nacional de turno hacia sectores regionales, sociales y económicos, no resulta ser un motivo válido para retirarle el apoyo electoral.

Este desinterés por la forma federal y republicana de gobierno es uno de los más graves errores éticos y económicos en que se incurre pues permite que los gobiernos nacionales sigan controlando políticamente a la mayoría de las provincias del interior del país a través del flujo de dinero. Aunque existe una ley de coparticipación federal, la misma perpetúa la dependencia económica de las provincias pues no corrige adecuadamente las distorsiones productivas de cada región. Además, el mismo gobierno nacional recauda cuantiosos fondos que pone fuera del alcance federal, como es el caso de las ya famosas retenciones aduaneras y el impuesto al cheque, y regula su uso a través de obras públicas o subsidios adicionales, sometiendo, a voluntad, a los gobernantes e intendentes provinciales.

Por ello, en la crisis actual que vive el país, los productores se resisten a aceptar el sistema de compensaciones por la aplicación de las retenciones aduaneras móviles pues significaría que, en el futuro, los resultados de sus negocios dependerán del gobierno nacional o funcionario de turno, que es el que autorizará, demorará o rechazará los fondos compensatorios prometidos, según su criterio político y las necesidades mayores o menores que tenga en ese momento. La historia argentina demuestra que hoy se otorgan y mañana se quitan según sean las circunstancias políticas. 

Las provincias y los municipios del interior de la nación necesitan, con extrema urgencia, políticas de crecimiento y desarrollo económico que atiendan la desocupación, la seguridad, la salud, y la educación para que los jóvenes y demás ciudadanos no sigan migrando a la ya hipertrofiada cabeza que es Buenos Aires. Un plan económico, cualquiera que sea, necesita de un buen federalismo en el cual apoyarse para generar una riqueza equilibrada en todo el territorio de una nación.

Al igual que las personas, una nación logra curar sus mayores males cuando cambia su propia historia, pues es la compulsión a la repetición la que la lleva a caer, una y otra vez, en los mismos errores del pasado. Si la Argentina no logra corregir la deformación distributiva de los recursos humanos y productivos que heredó de sus antecesores, le será muy difícil lograr un progreso firme en un futuro próximo o siquiera lejano.

Enrico Udenio

31 mayo 2008

(Extracto de la disertación que realizó el miercoles 29 de mayo de 2008 en el Club Del progreso).