LAS VIOLACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD

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 “El fascismo es un intento de la burguesía de superar la contradicción entre las técnicas actuales del socialismo y la propiedad privada sin destruir la propiedad privada. Su «economía planificada» busca salvar la propiedad privada y mantenerla controlada a la vez”. León Trotsky. Compartió con Lenin, el liderazgo del movimiento comunista ruso. Fue asesinado en 1940, por orden de Stalin. 

 En mi análisis anterior comentaba que el modelo económico del actual gobierno se basó en el consumo y no en la inversión. Al partir de un piso (por no decir subsuelo) extremadamente bajo (el del año 2002) las cifras de crecimiento entusiasmaron al principio pero, al seguir ausentes las inversiones, el entusiasmo descendió, iniciándose la fuga de los capitales. ¿A qué se debió esta caída? Principalmente, a cuatro factores.  El primero de ellos, y al que nos vamos a referir hoy, fue la constante violación al derecho de propiedad privada, elemento clave para alejar a los que detenten la capacidad monetaria para invertir ingentes capitales en el país.

Antes que nada, hay que aclarar dos cosas:

1) El derecho de propiedad no es un derecho absoluto aunque, cuando se lo transgrede, según las cortes internacionales de los derechos humanos, además de necesitar un excepcional fundamento y justas compensaciones, se deben calcular muy cuidadosamente sus consecuencias.

2) Que en este análisis no se cuestiona ideológicamente al derecho de propiedad. Sin dudas que para un marxista o un anarquista, la propiedad es un robo, como bien lo definió Pierre-Joseph Proudhon (1) en su libro editado en 1840. Pero la Argentina no se encuentra bajo un régimen marxista ni anarquista, aunque a veces lo parezca dado su apego al populismo nacionalista. Por lo tanto, debemos pensar en este tópico sobre la base de esta realidad, más allá de los sentimientos personales con respecto a él.

Este escenario nos indica que la Argentina pertenece al grupo de naciones del mundo que, para mal o para bien, con mayor o menor ahínco, adhiere a la vigencia del derecho a la propiedad privada, y al desarrollo capitalista como sistema económico. En estas sociedades, incluidas las naciones socialdemócratas más inclinadas hacia el socialismo como son las nórdicas europeas, se entiende que la propiedad privada de bienes es el derecho básico sobre el cual se asienta el desarrollo socio económico del país.

Es el derecho prioritario por excelencia

Es probable que la inclinación a la propiedad privada, individual y/o comunitaria, sea intrínseca al ser humano. En un principio, la necesidad de defender su hábitat y territorios de caza debieron haber alimentado sus primeros sentimientos de pertenencia. A partir del siglo XVIII, el capitalismo le otorgó la categoría de derecho esencial de su sistema, ampliado a la producción de bienes y servicios, y a la posibilidad de gozar y disponer de los mismos, sin otras limitaciones que las establecidas por las leyes.

En los textos constitucionales de la mayoría de las naciones democráticas capitalistas, el de la propiedad privada, si bien jerárquicamente está muy por debajo de otros derechos humanos, es el derecho prioritario por excelencia porque será su estricto respeto el que posibilitará el logro de los otros derechos humanos. Por ello, mantiene un privilegio por sobre todos los otros derechos, y es considerado el paradigma del derecho subjetivo. Los propietarios pueden servirse de lo que les pertenece, percibir las rentas y frutos que deriven de su explotación, donar el bien, abandonarlo e incluso destruirlo. Estos alcances del derecho a la propiedad no impiden que, en ocasiones, se subordinen al interés general por lo que pueden ser susceptibles de expropiación forzosa, realizada por autoridad competente, bienes o derechos concretos y con causa justificada de utilidad pública, previo pago de la justa indemnización que corresponda. (2)

Así como la propiedad privada es el fundamento de la sociedad burguesa, el capital-dinero es la sangre de esa propiedad que circula para darle movimiento al sistema. No importa con cuánto afán se quieran practicar todas las demás actividades que definen a una economía capitalista, sin el capital-dinero no hay capitalismo. A lo sumo habrá buenas intenciones y buena voluntad destinadas al fracaso.

La Relación de la Argentina con la Propiedad Privada

La Argentina, a pesar de contar con numerosos activos y materias primas naturales, nunca pudo producir capital, pero ¿cómo se acumula el ahorro convertido en capital?

A través del tiempo, el mundo desarrollado lo ha llevado a cabo de dos maneras: a) Ganando más de lo que se gasta o gastando menos de lo que se gana. Esta actitud se mantuvo a costa de grandes sacrificios de sus respectivas poblaciones, en especial, de las clases menos pudientes. b) Representando en dinero los activos disponibles (propiedades, mercancías, ideas innovadoras, etc.). Esto significa emisión de bonos, acciones, hipotecas o de cualquier otro instrumento que pueda convertirse en dinero a través de préstamos recibidos y garantizados por esos mismos activos, y por leyes que aseguren la intención de pago.  

¿Qué se debe hacer cuando se cuenta con capital? Hacer negocios u obras que lo promuevan y no gastar demasiado en consumo. Aquí cabe perfectamente el dicho popular que dice que “mejor que darle pescado al hambriento, es enseñarle a pescar”.

Este proceso de acumulación e inversión está impreso en el inconsciente colectivo de gran parte de la humanidad. No fue creado por una persona ni por una teoría. El mismo proceso de la evolución del hombre lo fue instalando paulatinamente. La teoría llegó después de la práctica.

La Argentina parece no contar con este contenido en su inconsciente. Con un escaso ahorro interno, el Estado intenta, una y otra vez, capitalizarse o desarrollarse con capitales prestados los que, la mayoría de las veces, se destinan a cubrir el déficit estructural o los servicios sociales que reclama la población.

Para que esos préstamos les fueran acordados, Argentina aportó sucesivamente casi todos sus activos, hasta que los valores de capitalización de los mismos no fueron suficientes para garantizar las deudas. En el instante en que sus activos se encontraron sobre-comprometidos, se transformaron en un capital muerto.

Si la Argentina fuera una nación cuya población hubiera elegido al socialismo marxista como su ideología, sin lugar a dudas estaríamos de acuerdo con Proudhon o con Marx, y no habría conflictos con la propiedad privada pues ésta, directamente, no existiría.

Pero la realidad histórica es otra y muestra una total incoherencia: por un lado, la Argentina declara su interés por transitar el camino de la democracia capitalista, por otro, atenta contra la base por excelencia de la misma: la seguridad e intangibilidad de los bienes propietarios. Se trata de una de las mayores y más perjudiciales incongruencias que experimenta nuestro país, además de ser el principal promotor de la expulsión del capital nacional hacia el exterior.

Desde el punto de vista existencial, no hay dudas de que existen derechos humanos mucho más importantes y éticos que el de la propiedad, pero ésta es una cuestión que trasciende a la moralidad o a la ética porque cuando se producen las violaciones al derecho de propiedad o cuando recurrentemente se anteponen otros derechos humanos sobre los de propiedad, se daña profundamente a la economía de una nación con consecuencias sociales muy duras para sus pobladores.

LOS AÑOS DE LOS KIRCHNER

El acontecimiento del corralito, corralón y posterior pesificación asimétrica demostró en el 2002 que cuando el Estado argentino, embanderado detrás de un objetivo salvador, considera necesario apropiarse de los bienes monetarios de los ajenos en general, y de su población en particular, no repara en abolir todas las garantías jurídicas de la propiedad privada.

A través de sus devaluaciones y captaciones del dinero ajeno, fue escapando de los apuros económicos pero implantó en la psicología de la población en general, y en la del empresariado en particular, una sensación de enorme inseguridad económica y jurídica. Las perspectivas del empresario argentino son claras: “uno puede acostarse a la noche siendo rico y despertarse pobre a la mañana, o viceversa”, me dijo en una ocasión un importante dirigente industrial.

Castigado con la cesación de pagos, la administración del matrimonio Kirchner tuvo que enfrentar un proceso en el que las inversiones privadas se presentaban muy escasas y no había financiamiento interno ni del exterior.

Era una situación muy difícil para el matrimonio, pero la suerte estuvo de su lado. Ayudado por las excepcionales prerrogativas que le otorgaba la “ley de emergencia económica”, implementó por decreto las retenciones aduaneras a los productos agropecuarios, cuyos valores internacionales habían aumentado considerablemente. Esta sorpresiva ventaja no pudo ser capitalizada porque los gobernantes no hicieron nada para encauzar a la sociedad en un camino donde la inviolabilidad de la propiedad fuera una norma a respetar.

Entonces desaparecieron los créditos y disminuyeron las inversiones en hipotecas sobre vivienda porque era imposible ejecutarlas. También echar a un inquilino que no pagaba el alquiler era muy problemático. Su ejecución llevaba años de instancias legales, cuando en las naciones socialdemócratas como son Suecia, Finlandia y Dinamarca, el trámite de desalojo dura menos de dos meses. Este elevado riesgo para el inversor implicó que los alquileres en dólares se duplicaran o triplicaran en muchos lugares. Alquilar una pequeña vivienda se transformó para los menos pudientes en una verdadera odisea por la baja oferta y las exigencias de profusos garantes.

El INDEC

Entre todas las transgresiones a la propiedad, fue la manipulación de las estadísticas del INDEC (una propiedad intelectual) la que inició la debacle del capital. A partir de allí comenzó la fuga de dinero del país y/o su retorno “al colchón”.

Lo que hay que tener en cuenta es que contar con datos fidedignos del comportamiento socio económico de un país es un punto clave para decidir una inversión. A la hora de hacerlo, el dueño del capital necesita considerar toda una serie de variables que en casi todos los países le son ofrecidas por las entidades oficiales las que, a su vez, son manejada por técnicos con independencia del poder de turno. Al perder esta referencia, se dispara la imaginación, la que, generalmente, puede llegar a ser mucho peor que la de enfrentar una desagradable realidad.

Para peor, ante el reclamo opositor por esa adulteración, algunos de los funcionarios del gobierno se defendían diciendo que, con esa acción, se le estaba ahorrando al país millones de dólares porque gran parte de los bonos de la deuda refinanciada estaba vinculada a un reajuste por inflación, dato que proporcionaba, precisamente, el INDEC. Por lo tanto, todo el mundo se enteró de que la Argentina le estaba robando dinero a los tenedores de esos bonos. A la hora de necesitar de créditos, como es el caso de hoy, los ahorristas ya saben que tampoco se puede confiar en los bonos “ajustados” por el INDEC. La renta es uno de los derechos de propiedad más valorados por el capital.

La Resolución nº 125

El quiebre político en la sociedad se produjo cuando, a través de la Resolución nº 125, el gobierno quiso aumentar los porcentajes de las retenciones agropecuarias. La gente del campo reaccionó violentamente ante este intento de robo de su propiedad. Como utilizo la palabra robo, que es muy dura, voy a fundamentarla técnicamente.

Los habitantes de una nación están obligados a mantener al Estado, y éste ocuparse de la administración de los recursos para proveer los servicios básicos sociales (justicia, educación, policía, fuerzas armadas, etcétera). Este proceso se realiza a través del pago de impuestos y su volumen y claridad forman parte de la decisión de invertir o no de un empresario. Hay que ser siempre muy cuidadosos cuando se piensan aumentar los porcentajes de débito por gastos, impuestos o implementar uno nuevo “de emergencia”.

Recordemos que: 1) Cuando un ciudadano programa un negocio, lo hace calculando sus costos, los impuestos, su beneficio y los riesgos-país. Si en teoría “los números cierran” y considera que los riesgos son los normales del comercio, invierte su capital y procede a producir y/o comercializar su producto sobre esa base. Es ésta la principal razón por la cual la justicia, en general, rechaza la retroactividad en la aplicación de impuestos. 2) Cuando el Estado aplica un impuesto, sea éste cual fuere, incide en el precio del artículo, que inevitablemente sube.  Los impuestos los paga siempre la población en general, incluidos los de ganancias.

Éste era el problema principal que encerraba la Resolución nº 125. No se podían trasladar a los precios los mayores impuestos que implementaría la misma. Es que, a diferencia de los productos industriales, los precios de las exportaciones agropecuarias están determinados por los mercados internacionales y no pueden modificarse si el Estado argentino les aumenta los impuestos. Por lo tanto, el poner un límite a las ganancias nominales de los productos del campo, e incrementar los porcentajes de las retenciones era, lisa y llanamente, una forma de meter la mano en los bolsillos de los productores agropecuarios, porque éstos no tenían posibilidades de recupero ya que por cada dólar de suba en el valor, el Estado terminaba quedándose con 95 centavos. Y no olvidemos que el dinero neto resultante de un ingreso es uno de los más importantes derechos de propiedad que existen.

Las AFJP

Ante el fracaso de obtener mayor caja exprimiendo aun más al campo, y apremiados ante la posibilidad de un nuevo default a la vista, los Kirchner confiscaron las cajas previsionales privadas a pesar de que un año antes los potenciales jubilados habían votado a favor de mantener sus aportes en las AFJP. Esta estatización permitió que el gobierno lograra  mantener el superávit fiscal durante el 2008 y, con estos fondos, eludir la amenaza de una nueva cesación de pagos del país. Pero éste éxito fue obtenido a costa de generar un considerable incremento de la fuga de capitales, desincentivando aún más las inversiones. Esta reacción del capital era obvia de predecir: los ahorros acumulados por los aportes previsionales formaban parte del derecho de propiedad de los futuros jubilados y, para peor, el gobierno barrió con ese derecho a pesar de que el sistema privado había sido ratificado por consulta directa a los actores involucrados.

La posterior utilización de los fondos de ANSES, que hasta ahora ha servido para todo uso menos para preservar el nivel del ingreso de los jubilados, confirmó lo que se sospechaba: que la decisión del gobierno no era siquiera ideológica. A toda costa necesitaban el dinero y los jubilados fueron y serán, una vez más, los “patos de la boda”.

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Con todo este panorama, el matrimonio presidencial sabe que cualquier otro avance del Estado sobre la propiedad privada puede llegar a producir una peligrosa corrida cambiaria y una inflación ya difícil de controlar.

Con un Estado argentino cuestionador del derecho de la propiedad privada y aficionado al robo, la famosa “fuga de capitales” hacia países cuyos mercados son estables y sus monedas fuertes, es absolutamente inevitable. No parecen existir ya discurso alguno ni medidas temporarias atrayentes que puedan hacer que estos capitales retornen.    

En nuestro próximo análisis nos ocuparemos de otro punto clave que explica la ausencia de inversiones: el constante cambio de las reglas del juego comercial e industrial que, si bien no ha sido un invento de este gobierno, la transgresión contractual y legal sigue plenamente vigente en el país.

Enrico Udenio

6 de noviembre 2009

 (1)  En “¿Qué es la propiedad?”, el libro del francés Pierre Joseph Proudhon  publicado en París en 1840 y devenida en la más difundida obra del mundo sobre el tema, se sostiene que “ni el trabajo, ni la ocupación, ni la ley pueden engendrar la propiedad”, concluyendo con la famosa y lapidaria frase: “La propiedad es un robo”.

(2)  Extraído del libro “Corazón de derecha, discurso de izquierda”, Enrico Udenio, Ugerman Editor, Buenos Aires (2004).